El embarazo adolescente es un problema de salud pública que no se ha podido resolver en los últimos años y, al contrario, las cifras de menores que se encuentran en estado de gestación se incrementan.

La información del Servicio Nacional de Información en Salud da cuenta que en la gestión 2021 se registraron más de 38 mil embarazos en niñas y adolescentes, es decir, que cuatro adolescentes se embarazan cada hora y una niña cada cuatro horas, situación que debe mover a las autoridades a buscar soluciones inmediatas a este acuciante problema.

La mayor parte de los embarazos de menores en Bolivia es consecuencia de la violencia sexual que ocurre en el entorno familiar, según reportó el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Estos datos ya se han difundido ampliamente en las últimas dos gestiones, por lo que corresponde ahora implementar soluciones de fondo y no seguir solo teorizando acerca de esta angustiante problemática.

No se puede seguir tolerando que personas cercanas a las niñas y adolescentes sigan abusando sexualmente de ellas, aprovechando su cercanía y la influencia que tienen sobre sus víctimas. 

Es prioridad cortar este círculo de abusos y quienes sospechan que se cometen agresiones en el interior de los hogares u otros espacios deben denunciar y, en su caso, prestar atención urgente a las víctimas que son adolescentes e incluso niñas.

Una adolescente (o niña) embarazada deja, en muchos casos, la escuela, para precautelar su salud o porque sus padres prefieren “esconderla” con el propósito de que nadie se entere del embarazo no deseado.

En los últimos tres años, o tal vez más, las noticias sobre abuso sexual a menores se han incrementado, a la par de que se conocen embarazos de niñas cuyos cuerpos no están totalmente preparados para llevar a buen término una gestación. La ley en el país permite la interrupción del embarazo, pero esa no es la solución a la que se debería apuntar, sino a prevenir que suceda la violencia sexual en general y específicamente en contra de las menores.

Un embarazo no deseado en adolescentes o niñas implica, además, frustrar los proyectos que tienen estas personas en sus vidas, desde actividades tan cotidianas como el estudio, el deporte, o el entretenimiento al cual tienen derecho.

Subir las penas para quienes cometen estos aborrecibles delitos no es del todo la solución, se debe trabajar en la prevención, evitar que se sigan cometiendo estos hechos execrables que en muchos casos cuenta con la complicidad de familiares que no denuncian al agresor por motivos tan fútiles como el tema económico.

Si se logra prevenir el abuso sexual en los hogares se habrá dado un paso importante para proteger a este sector de la población, y para ello se requiere un trabajo de educación a todo nivel.