La violencia contra las mujeres no cesa en Bolivia. Desde hace varios años, los gobernantes se comprometieron a poner en marcha planes y estrategias para cambiar esa situación, pero no hicieron casi nada. El nuevo gobierno ha manifestado su preocupación y anuncia que trabajará para erradicar ese flagelo, situación que esperemos sea así y no un mero discurso.

Del 1 de enero al 23 de noviembre, la Fiscalía General del Estado recibió 26.435 casos de violencia contra mujeres, mientras que hasta el 16 de diciembre, 110 mujeres murieron en manos de feminicidas en todo el país.

No es novedad ver a grupos de mujeres protestando porque las denuncias de las víctimas de violencia no avanzan o porque los feminicidas pretenden salir de la cárcel debido a la retardación de justicia y la chicana jurídica. Tampoco es raro que las agredidas no reciban una oportuna y eficiente atención.

Ante esa situación, las nuevas autoridades han anunciado encarar la problemática desde dos frentes: el primero, cambiar la Ley 348 y formar una comisión en el Parlamento para que se encargue de hacer seguimiento a los casos de feminicidio.

El 9 de marzo de 2013, en el gobierno del expresidente Evo Morales, fue aprobada la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348). Siete años después, el Ministerio de Justicia anuncia la apertura de un proceso para recoger propuestas que permitan elaborar un proyecto de modificación de esa normativa.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la recolección de propuestas de las organizaciones que trabajan con la temática de género se realizará en dos meses.

El alcance de la modificación de la Ley 348 podría ir desde aspectos como la inclusión o ajuste de algunos tipos penales; mejoras en los procedimientos de atención y sanción de la violencia; cambios en los mecanismos de protección y atención de las víctimas de violencia; modificaciones a la ley para optimizar la prestación de los servicios de salud, jurídicos y sociales a las víctimas de violencia, hasta el refuerzo de las políticas previstas en la ley y su ejecución.

En ese misma línea, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conformó, el jueves, una comisión especial que se encargará de investigar los casos de retardación de justicia en procesos por el delito de feminicidio, que tiene una pena máxima de privación de libertad de 30 años sin derecho a indulto.

Es saludable que la comisión esté integrada por diputados y senadores de todos los partidos políticos, eso demuestra que la búsqueda  de justicia para las víctimas de feminicidio es una temática que preocupa a todos.

Según un informe de ONU Mujeres de 2019, en el país 7.5 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia psicológica, económica, física o sexual en algún momento de su vida.

Bolivia tiene al menos seis leyes orientadas a la defensa de los derechos de las mujeres, pero, lamentablemente, solo están en el papel y casi ninguna se cumple. Ojalá que con las medidas que pretenden ejecutar se pase del papel a la acción.