El caso de supuesta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en torno al contrato de adjudicación para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, se complicó aún más tras la difusión de un video en el que el “testigo protegido”, antes de morir  en Estados Unidos, revela detalles sobre la presunta coima que se habría pagado a funcionarios de esta entidad estatal.

Antes de la difusión de este video, que tiene una duración de 24 minutos, el empresario chino Jin Zhengyuan devolvió un monto de casi 9 millones de bolivianos a la empresa china Harbour Engineering Company, que supuestamente habían sido entregados a funcionarios de la ABC como parte de una coima de 18 millones para la adjudicación de este tramo carretero.

Tras la devolución de este dinero, el ministro de Justicia, Iván Lima, salió al frente para reiterar que el presidente de la ABC, Henry Nina, no tiene participación en este presunto caso de corrupción y que el “testigo protegido” y algunos actores políticos armaron una acusación falsa para extorsionar y dañar la imagen del titular de la empresa estatal.

Con estos nuevos elementos, que son contradictorios entre sí, la justicia tendrá que ahondar en las investigaciones con el fin de llegar hasta el fondo del asunto, porque no se puede dejar en la nebulosa las denuncias que se hicieron conocer en agosto del año pasado, hasta que se verifique o descarte si las mismas tienen asidero.

El “testigo protegido” de este caso revela detalles sobre los actos de corrupción que se habrían cometido para la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, además de, según su testimonio, haber facilitado pruebas para corroborar su denuncia.

La investigación que se realice con suma minuciosidad tendrá que esclarecer si realmente hay funcionarios de la ABC implicados en el cobro de la coima de 9 millones de bolivianos o si fue el empresario chino Jin Zhengyuan quien se apoderó de ese dinero para beneficio personal.

Esta investigación debe llevarse hasta el final con el fin de esclarecer todos los pormenores, como una señal inequívoca de que la lucha contra la corrupción es una política de Estado y que el Gobierno no permitirá más actos ilegales que hacen un enorme daño a la economía del país y afecta a la deteriorada imagen de las entidades públicas en las que pareciera que el pago de las coimas es más común de lo que se cree.

No se debe proteger a ninguna persona que haya cometido un acto de corrupción, por lo que las autoridades que tienen poder de decisión tendrán que cumplir con su obligación de buscar y castigar a los responsables, caso contrario, se convierten en cómplices porque están permitiendo que la corrupción siga arraigada en el país como una práctica habitual casi imposible de extirpar.