La pandemia del coronavirus continúa dañando  la economía de varios países del mundo, entre ellos la de Bolivia. Los efectos, producto de la cuarentena, se acentúan día que pasa, provocando serios problemas en diferentes sectores productivos, particularmente en la industria. 

Los industriales bolivianos están desesperados, no es para menos. Por ello, recientemente la Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha planteado la aprobación de una norma para que el 20% del salario de los trabajadores sea destinado a la compra de productos hechos en Bolivia.

Los industriales consideran que con esa medida se podría inyectar unos 200 millones de dólares a la economía nacional y, sobre todo, se apoyaría a ese sector que está sufriendo millonarias pérdidas.

Asimismo, proponen que las compras estatales también se orienten a la producción nacional, ya que eso, además, generaría fuentes de empleo.

La propuesta no deja de ser llamativa, sin embargo, será necesario analizar profundamente y ver el beneficio no sea solo para los industriales, sino para la población entera y la economía en general.

La iniciativa de los industriales tiene cierto parecido con lo que sucedió en 2018, cuando el expresidente Evo Morales puso en marcha la Billetera Móvil, que consistió en que el 15% del segundo aguinaldo fuera destinado a la compra de productos, artículos y servicios hechos en Bolivia.

Para el economista Fernando Salazar, el planteamiento de los industriales no es “atinada” y tampoco tendría gran impacto en la economía nacional, porque el porcentaje de la población que trabaja en empresas privadas o entidades públicas es mínimo. 

Señala que, si bien puede representar un alivio para ese sector, existen varios aspectos que tendrían que ser definidos por el Gobierno y los propios industriales, para garantizar que realmente las compras sean de productos o artículos hechos en Bolivia y con insumos nacionales.

Está claro que la economía y la salud son las dos áreas más golpeadas por la crisis desatada por el coronavirus en el país, por lo que cualquier iniciativa que tenga el objetivo de dinamizar al sector productivo y generar empleo debería ser considerada por los gobernantes.

Los efectos de los conflictos de octubre y noviembre del año pasado por las elecciones fraudulentas y la actual pandemia ya se sienten en el bolsillo de la mayoría de bolivianos y, lamentablemente, las proyecciones no son nada alentadoras, no solo para Bolivia, sino para todos los países del mundo.

La industria representa el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, pero por el impacto de la COVID-19 y por los conflictos sociales viene experimentando una drástica contracción.

Según datos de la CNI, a mayo del presente año, la tasa de crecimiento del PIB industrial descendió a -6.9%, cuando a diciembre de 2019 registró un crecimiento de 3.19%. Son cifras preocupantes, que deben llamar la atención de las autoridades, quienes tienen en sus manos la responsabilidad de reactivar la economía con medidas precisas, pero no políticas.