La anterior semana cuestioné el proyecto de declaratoria patrimonial de la chola boliviana y esta moda recurrente de “patrimonializar”. Al mencionar lo delicado que es generar una propuesta de ley de algún patrimonio, en particular si se trata de un bien inmaterial, no significa que en casos específicos —desde el Estado— deje de realizarse, pero es ineludible aplicar ciertos instrumentos y pasos para que ésta cobre sentido.

Como vemos, en algunas de las recientes declaratorias de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en Bolivia, se han convertido en instrumentos para su monopolización de algunos sectores culturales, con respecto al movimiento económico que se generan en torno a estas.

Las decisiones para una declaratoria deben estar fundadas bajo criterios culturales, más que coyunturales o de utilitarismo político. Existen patrimonios en riesgo por la ausencia de normativas específicas que los salvaguarden, en particular los de carácter arquitectónico, donde priman intereses económicos antes que sociales.

Por otra parte, muchas instituciones gubernamentales de los distintos niveles del Estado creen que con una declaratoria culmina su tarea, cuando en realidad se trata del primer paso. Una normativa es, en el fondo, el fundamento legal que justifica los recursos políticos y financieros garantizando la gestión para su uso y disfrute de (toda) la población. De este modo, un proyecto de declaratoria se distingue de un proyecto de gestión patrimonial, porque este último posibilita un plan con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Solo recordemos el caso del programa Memoria del Mundo (MOWLAC-Unesco). Hasta la fecha son 20 documentos bolivianos nominados a nivel internacional. 

De Cochabamba, corresponden dos: “Diario de campaña del ejército boliviano en la Guerra del Pacífico” de José Vicente Ochoa y el “Repartimiento de tierras por el Inca Huayna Kapac (1556-1578)”. Estos últimos carecen de un proyecto de gestión específicos y corren el riesgo de perder su estatus internacional por el incumplimiento de compromisos referidos a su función sociocultural y de accesibilidad. En fin, en esta moda coyuntural y utilitaria de las declaratorias nos preguntamos, ¿patrimonio para qué y para quiénes?