En días pasados el gobierno presentó la propuesta de Proyecto de Ley que declararía a la chola boliviana como patrimonio cultural e inmaterial. En principio parece digno de considerar. Sin embargo, existen varios inconvenientes de fondo.

Inicialmente hay que recalcar que existe un serio conflicto sobre declarar —con motivo o sin él— patrimonio a cualquier aspecto inmaterial de nuestras culturas o de la vida cotidiana y, por otra, los efectos sobre la dimensión de la identidad.

El Estado, en los últimos años a través del Ministerio de Culturas, ha ocupado un rol acreditador, más que promotor o gestor de la cultura. Se dice que está de moda en Bolivia “patrimonializar” las culturas, pero en detrimento de ellas.

El primer error al declarar patrimonio a la chola boliviana, sobre todo si se elevara a instancias internacionales, es que este patrimonio debe ser considerado por su carácter de unicidad (único en el mundo). Que sea irrepetible, es decir, no reproducible en otro lugar y, por último, ser trascendente para otras naciones —en caso que fuera la Unesco quien lo avalaría—. Sin embargo, las cholas existen también en Perú, Ecuador y el noreste argentino. 

El segundo error es que solo en Bolivia las estéticas de la chola son diversas, sin mencionar en la de los países aledaños. Este conflicto se agrava cuando —al pretender “patrimonializar”— se promueve indirectamente una especie de estatización de la identidad, como si ser chola estuviera históricamente exánime, cuando sabemos que los trajes han evolucionado a lo largo de la historia. En este sentido, la identidad corre varios riesgos, no solo de ser convertida en una vitrina museística, sino que también puede promover aún más su folklorización.

Lo cierto es que estos actos sin sentido no cumplen con las atribuciones apropiadas de la institución estatal. Los hechos nos están demostrando que al intentar declarar a la chola boliviana como patrimonio, se “exotiza” la identidad de muchas mujeres, reduciéndolas a la moda, al comercio y condenándolas a ser propiedad privada de una institución, cuando en la realidad el patrimonio legítimo no requiere de ninguna declaratoria; la colectividad y la representación simbólica hacen al verdadero patrimonio que nos debiera de importar.