Terrorismo
El Código Penal Boliviano tipifica el terrorismo como delito, en estos términos: “El que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella”.
Se trata en consecuencia de una acción personalísima, pero al mismo tiempo de coparticipación organizada entre más de un individuo, quienes previamente planifican y conciertan la creación de un clima de miedo, malestar y convulsión tendiente a modificar el poder político vigente, del cual no forman parte. Caso contrario, nos enfrentaríamos a otra figura que se denomina terrorismo de Estado, muy propia de los sistemas totalitarios, en la cual es el ente político que organiza, dirige y ejecuta las violaciones a los derechos humanos.
Tratándose del delito al que nos referimos, el compilado penal establece severas penalidades como ser el presidio entre 15 a 20 años, agravándose las mismas en relación a los delitos conexos.
Como es ya de conocimiento público, el que fuera presidente de Bolivia, se halla imputado formalmente de la comisión de este delito, agravado con el de financiamiento para realización de los actos de terror, situación a la que se suman otras acciones legales previamente intentadas también de suma gravedad, entre otros el de fraude electoral cometido el año anterior y que dio origen a su huida y abandono del cargo.
Es de hacer notar que la imputación fiscal se basa fundamentalmente en el resultado de un audio en el que se escucha que el imputado instruye a un dirigente la comisión de ilícitos como forma de resistencia al gobierno provisional actual, prueba que tanto el imputado, como sus abogados, reconocidos juristas argentinos, no han tardado en negar valor probatorio alguno.
Los ilegítimos que se le atribuyen a Evo Morales, deben ser demostrados en debido proceso, esperando la ciudadanía su conclusión y que no sea por negligencia u otras causas que imperan en la administración de justicia, se conviertan en una nueva vergüenza nacional.
"CUCHO" JORDÁN Q.
Abogado, docente e historiador del Derecho