Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 26 de junio de 2022
  • Actualizado 22:23

Silala… y más

Silala… y más

Ha concluido la etapa de los alegatos en la demanda planeada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por Chile el 2016 en contra de Bolivia, en la cual se alegaba el derecho de ese país sobre parte de las aguas del río Silala, en razón de tener el afluente, un curso internacional. La acción judicial iniciada el 2016, durante el gobierno socialista de Michelle Bachelet, lo continúa el actual mandatario Boric, considerado afín al régimen imperante en Bolivia. Un pronunciamiento final y definitivo tanto de la demanda como de la contrademanda impetrada por Bolivia es probable que se conozca a finales de este 2022 o a principios del venidero.

La historia de ambos Estados parece estar marcado por las aguas, las cuales precipitan conflictos recurrentes y ahogan los anhelos de hermandad de dos pueblos. No es la primera vez que ambas partes acuden a ese tribunal de Naciones Unidas para dirimir sus diferencias; el 2018, ese mismo organismo en juicio planteado por Bolivia, el tribunal  falló en contra del país negando la aspiración marítima, arguyendo que: Chile no estaba obligada a negociar una salida al mar perdido.

Durante el largo periodo de tiempo que duró este proceso  iniciado en el gobierno de Evo Morales, el régimen de gobierno llegó al paroxismo demagógico sin precedentes, desplegando una actitud rayana en la insania patriotera.  La hecatombe que produjo la irresponsable actuación de ese gobierno quiso ser paliada con la amenaza vertida contra Chile de iniciar un juicio, “por robo de las aguas del Silala”, motivando que ese país se anticipara a tal amenaza, revirtiendo los papeles de demandado a demandante.

El actual gobierno de Arce – Choquehuanca, si bien se declara y se adscribe dentro el lineamiento político de la anterior gestión, ha mostrado mayor cautela y menos precipitación demagógica frente al proceso judicial, dejando que expertos sobre el tema manejen la causa; sin embargo, pese a la mesura demostrada en este caso, no asume la responsabilidad constitucional e histórica que lo obliga a investigar las acciones y responsabilidades que emergieron de ese fracaso ante la Corte internacional. La averiguación de los hechos es un imperativo nacional que no puede ser soslayado bajo ningún concepto.

TEXTUAL

"CUCHO" JORDÁN Q.

Abogado, docente e  historiador del Derecho

[email protected]

Entrando en la página solicitada Saltar publicidad