Propuesta indeseada
El diputado, que en noviembre del pasado año hiciera noticia por actos de violencia en contra de su colega opositora, vuelve a figurar en todos los informativos sosteniendo textualmente: “lo voy a decir, esta gente que mata, viola sin piedad, este Richard Choque no debería vivir más, este sujeto no merece vivir más. Para ese tipo de personas deberíamos tener la pena de muerte. Yo digo así: todos los 6 de agosto, en el aniversario del país, se debería ejecutar a este tipo de personas”.
Tales afirmaciones vertidas ante el horror de los actos criminales que diariamente se cometen impunemente en Bolivia, serían comprensibles -no justificadas- si su autor no ocupara un curul en la Asamblea Legislativa, órgano encargado de legislar, cumplir y hacer cumplir la normativa vigente.
La Constitución Política del Estado establece categóricamente que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Determina que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Terminantemente establece que no existe la pena de muerte. Estos principios, propios de un Estado de Derecho, reafirman que la norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico boliviano goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, estableciendo, además, que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos se hallan en similar primacía.
El Estado boliviano es suscribiente del Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, el cual fue ratificado en la legislatura nacional del 2017 y que determina la prohibición de restablecer la condena a muerte en aquellos Estados que la abolieron.
Al margen del desconocimiento absoluto que demuestra el proponente sobre la legislación nacional y los tratados internacionales en los que el país empeñó su palabra de cumplimiento, sugiere que las ejecuciones se realicen en la fecha más emblemática de nuestra historia, día que celebramos la independencia de esta tierra, luego de 15 años de lucha por la libertad. Tal propuesta conlleva la idea de trastocar la fecha de la independencia en un día de vendetta y ejecución de criminales, consiguientemente es ofensiva a la dignidad nacional. Si acaso el proponente fuese consecuente con el ideario político del partido que representa, debió sugerir otra fecha acorde a la celebración de la supuesta refundación de la patria bajo los principios de revolución democrática y cultural .
TEXTUAL
"CUCHO" JORDÁN Q.
Abogado, docente e historiador del Derecho