Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 21 de septiembre de 2021
  • Actualizado 18:34

Posicionamientos anticonstitucionales

Posicionamientos anticonstitucionales

Aquellos gobiernos que navegan en el cieno del totalitarismo, sea este  de extrema izquierda como de derecha, tienen la convicción que los derechos de las personas son concesiones graciosas  a sus ciudadanos que se sometan a  sus dictados, de igual manera conciben las garantías que se confieren para el cumplimiento de los derechos.

En cambio, en el régimen constitucional, los derechos constituyen simplemente un reconocimiento a la condición humana y las garantías, el escudo o protección creados para promover una sociedad justa que respete los derechos humanos y sea freno a los abusos de poder.

La Constitución Política del Estado boliviano vigente establece garantías para el ejercicio de sus derechos, se faculta  a ser oídas y juzgadas por una autoridad competente independiente e imparcial y cuyo sometimiento sea exclusivamente a la ley: servidumbre que no mancha, diría Pantaleón Dalence, eximio guía de la justicia. El debido proceso  proclama que el juzgamiento se lleve a cabo sujeto a mecanismos que aseguren un resultado justo y equitativo; llevado de una manera adecuada, garantizando el respeto de los derechos humanos del acusado, con el objeto de mantener un orden social pacífico y justo.

Otra garantía fundamental es la presunción de inocencia, regla básica y fundamental del Estado de Derecho, por el cual un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista una sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material. Vale así mismo referirse a la igualdad procesal en la que todas las partes gozan de similares oportunidades en todos y cada uno de los instantes procesales.

Hace más de dos semanas, el viceministro de Régimen  Interior, defeccionando de su condición de abogado, niega públicamente la vigencia de tales garantías, en contra de un sector contestatario del régimen actual. Lo realmente grave de este hecho radica que las  autoridades del Ejecutivo hacen oídos sordos ante tal situación de atentado flagrante contra la CPE y, peor aún, la APL ni siquiera convocó al ministro del ramo a dar informe circunstanciado sobre la conducta  asumida por uno de sus dependientes. Peligrosísima conducta gubernamental que encubre posicionamientos anticonstitucionales y que guardan directa relación con otros hechos concomitantes que diariamente consternan a la población.

TEXTUAL

"CUCHO" JORDÁN Q.

Abogado, docente e  historiador del Derecho

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