No es posible prever los acontecimientos del futuro inmediato, menos aún en esta columna que se escribe con anticipación; la única evidencia que tenemos son los hechos sucedidos recientemente, que dejan la certeza de la muerte, violencia, luto y desolación en todo el territorio nacional. 

El tiempo transcurrido desde el momento  que el gobierno se declaró vencedor mayoritario de las elecciones del 20 de octubre y las semanas subsiguientes confirman la magnitud de un fraude que se suponía como las acciones erradas e irracionales desplegadas por el gobierno para perpetuarse en  el poder.  En el espacio que corre desde el fracasado acto electoral, evidenciadas las tramoyas del TSE, el país se ha teñido con la sangre de sus propios hijos, el dolor de más de un centenar de heridos, la angustia de sus familiares y la zozobra de todo un puebl. 

Las autoridades del régimen, lejos de mostrar un mínimo de respeto a los derechos humanos, azuzan a sus huestes para seguir sembrando el odio y el dolor. No otra cosa se puede colegir de las consignas y opiniones emitidas por los sus funcionarios las cuales instigan a la violencia máxima; ya sea amenazando a las madres con la desaparición de sus hijos que se suman a la resistencia pacífica o presagiando docenas de muertos, tarea que sus afines no han vacilado en asumir, dejando a su paso ultraje y devastación, como  se evidencia por doquier y cotidianamente.

Los hechos luctuosos y la irracionalidad no pueden proseguir; es preciso buscar con afán la paz y la concordia para evitar daños mayores, heridas incurables y pérdidas de vidas que deben ser evitadas. La vida humana es un don inapreciable, una virtud, un valor del cual no se puede prescindir, ella es un fin en sí misma y no se halla condicionada ni subordinada a otras instancias, deseos ni propósitos. 

Todos los instrumentos jurídicos del mundo civilizado consagran  la vida como un derecho fundamental, inalienable, imprescriptible e inviolable. Expresamente obligan a los estados a respetarla y protegerla de toda situación que ponga en riesgo o altere ese derecho calificado como fundamental. Las normas internacionales, a las cuales se adhiere nuestro Estado, proclaman que el ser humano es trascendente por sí mismo y su existencia se halla enaltecida y  garantizada. De ahí que imponga a las comunidades políticas  la obligación ineludible de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, estableciendo graves penalidades contra quienes, ya sean gobernantes o gobernados, violan ese sagrado don. 

La vida no se considera meramente como un hecho biológico, sino como esencia reconocida por la moral y la ética. Para quienes profesamos una religión, la vida humana es un don otorgado por un ser divino. Los hombres son creados  a su imagen y semejanza; de ahí  que la búsqueda de la preservación de la vida sea un imperativo ineludible. En virtud de ello es que consideramos que es un deber inexcusable que las partes actualmente en conflicto se hallan en la obligación de desplegar los mayores esfuerzos para mantener la vida de los bolivianos en su conjunto, buscando la concertación como única forma para mantener la paz.