Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
  • Actualizado 00:00

Twiter  tiene aproximadamente 300 millones de usuarios en el mundo, su capital económico alcanza la friolera de 15.000 millones de dólares. Por supuesto, tal medio de comunicación  nace en el Imperio, pero se benefician de su inmediatez  moros y cristianos, tal como lo hace el presidente de las Seis Federaciones del Trópico, quien a diestra y siniestra envía mensajes, asiduidad digna de mejor causa y que muchos de ellos, sin duda alguna, figurarán en alguna antología. En estos días, sostiene: que el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Bolivia) dejó:  “aturdidos a los golpistas”. Mensaje escueto, que induce a pensar que el mencionado informe no fue leído en su integridad, o que tal vez fue comentado por tercero interesado o, peor aún, que no se lo comprendió en su verdadero alcance y dimensión.

GIEI-Bolivia deja establecido con claridad absoluta que en los dramáticos días transcurridos en la crisis política que afrontó el país como consecuencia de la violación de los principios constitucionales que establecían la no reelección; prima causa que motivó  la oposición mayoritaria al continuismo expresada en referéndum, luego devino  el fraude elector y todos los acontecimientos en los que se cometieron flagrantes y graves violaciones a los derechos humanos, dejando 37 muertos y centenares de heridos y la consecuente responsabilidad del Estado y sus instituciones;  pero también, la de grupos interesados que realizaron violencia contra personas, bienes públicos y privados.

El informe de referencias, que se resume en 11 conclusiones, detalla circunstancias y hechos de lo acontecido, guardando uniformidad con otros de alta credibilidad como los presentados por CIDH, Unión Europea (UE), la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia (OEA),  Conferencia Episcopal Boliviana; Parlamento Europeo y un largo etc. En todos ellos se condena la violencia y la falta de respeto a la vida y dignidad de las personas.

Es deber del Estado tomar en cuenta, con veracidad e imparcialidad,  las recomendaciones planteadas en los mencionados documentos, enjuiciar a los culpables, reparar los daños sufridos por las víctimas. De ese modo, se aclarará, en definitiva, quiénes quedan aturdidos.

TEXTUAL

"CUCHO" JORDÁN Q.

Abogado, docente e  historiador del Derecho

[email protected]

Entrando en la página solicitada Saltar publicidad