Habría sido mejor que abroguen la Ley 1386 sin esperar a que un país se convulsione, sin que se movilicen sectores y sin que otros pocos dizque dirigentes se aprovechen para pedir lo que sea, al calor de la gente movilizada. Cerrarse y no escuchar es lo que justamente no se debe hacer y es lo que más sucede en una administración que ya debió aprender que no todos son parte de un partido político. 

Muchas y muchos se movilizan porque sienten y saben que sus bolsillos se verán afectados con una ley amplia que apunta a quien el que administra el Estado quiera.

Por mi labor, pude hacer el seguimiento periodístico de muchos hechos relacionados. Constantemente escuchamos a un gobierno que negaba un daño a la población, se dijo varias veces que la ley solo iba en contra de algunos, sin embargo, fue el mismo gobierno el que después salió para anular anexos en la Asamblea Plurinacional, hablando de fallas en la socialización de la normativa. 

Tan solo semanas después, el mismo gobierno salía a decir que se trabajaba en hacer conocer una norma que ya había sido aprobada, no tardaron en hacerse conocer las voces de rechazo y ahora escuchamos a un presidente que le dice a Bolivia que se abroga una norma para evitar pretextos de los que se movilizan, supuestos pretextos usados para gestar un nuevo golpe de estado en contra del gobierno del MAS.

Hoy se puede decir lo que sea, sin embargo, lo que no se puede decir es que hubo fallas y que se pretendía tener una norma a costa de toda una población, sino, pregúntele a cualquier comerciante o transportista de este país y sabrán lo que sucede. Con respecto a los sectores movilizados, una y otra vez hicieron conocer que todo estaba basado en la Ley 1386 y que cualquier tinte político no entraba en estas medidas de protesta. Por eso es necesario mencionar a los oportunistas del otro lado, a los que intentan ser líderes opositores y que solo llegan a ser politiqueros que se meten en cualquier protesta para hacerse pasar por voz oficial y así visualizarse ante la población, como si ellos estuvieran solucionando el problema.

Se tiene que dejar en claro que una abrogación de la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas es una victoria de sectores movilizados, de la población que se veía afectada y no de un grupito de políticos o dirigentes cívicos que nada tuvieron que ver en realidad y que solo intentaron aprovecharse de la situación. 

El gobierno nacional tiene que comprender que el bolsillo de la gente no se toca y que a la hora de protestar, para defender eso, no existen masistas o pititas; a la hora de la hora se rechaza lo que afecta a nuestras familias y lo que pone en riesgo nuestra platita. 

CON LLAJUITA

CLAUDIO ROJAS V.

Periodista y docente universitario

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