Desde la revelación del Diario de un cura pederasta, se han recibido más de 12 denuncias contra otros sacerdotes en Bolivia: Lucho Roma que guardaba una repulsiva colección de videos y fotos de los niños víctimas de sus abusos, el responsable de la Iglesia de San Roque de Tarija y otros que exponen que el caso de Pica es apenas la punta del ovillo.

Hasta ahora suman unos 12 sacerdotes acusados  y alrededor de 200 víctimas, esto sin contar que en España también se ha denunciado a  Francesc Peris y José Antonio Villena, ambos estuvieron en Bolivia, de hecho este último, opera con una ONG en el Beni lo que, dados sus antecedentes, es motivo de preocupación; pero ante consultas realizadas sobre posibles víctimas en el país, como ya es costumbre, la Compañía de Jesús  se justifica indicando que “hasta la fecha no ha recibido ninguna denuncia directa de víctimas de estos sacerdotes”… Deberíamos preguntarnos a qué se refieren con “directa” ¿será que esperan que menores de entre 8 o 12 años hagan las denuncias y no cuentan las de sus progenitores o terceros?

No está demás recordar que es deber de toda persona que conozca de la posible comisión de un delito: denunciar; sin embargo, la Compañía se excusa diciendo que eso les corresponde a las víctimas; pero ya sabemos que lejos de tomar medidas contra los agresores su reacción fue expulsar a los denunciantes. Parece que no en vano el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española indica que jesuita es también un adjetivo para hipócrita.

Su estrategia es apuntar a responsables individuales, por ende, sanciones individuales, evadiendo toda responsabilidad institucional por estos crímenes; los sacerdotes denunciados, en su mayoría, tenían antecedentes y en lugar de ser excluidos y denunciados ante la justicia penal, fueron encubiertos y traslados a otras regiones como América Latina por lo que continuaron cometiendo sus delitos. El modus operandi ha sido el mismo, las respuestas también son de manual,  lo que lleva a concluir que el encubrimiento es una política institucional.  

Todo ello harían pensar que estamos frente a una organización criminal de pedófilos y pederastas y no ante una orden religiosa; por esto, más allá de la imprescriptibilidad del delito, que apunta a la responsabilidad individual se deben asumir medidas basadas en la responsabilidad institucional de la Iglesia y acá nos preguntamos: ¿dónde está la Cancillería? ¿dónde el Procurador?

ABAJO Y A LA IZQUIERDA

CECILIA CHACÓN R.

Feminista y exconcejala por la ciudad de La Paz 

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