Entre enero y julio de 2020 se registraron 20.186 embarazos en niñas y adolescentes entre 15 y 19 años y en el mismo periodo, en 2021, se incrementaron a 22.221. En un país donde el embarazo adolescente ha ido en ascenso los últimos dos años no sólo es imposible, sino necesario hablar y posicionarse respecto al caso de la niña de 11 años en Yapacaní; pero la idea no es revictimizarla porque no nos detenemos en los detalles escabrosos del hecho, sino entender lo complejo y preocupante de la violencia sexual en la niñez y adolescencia. 

En los primeros cuatro meses del año se han denunciado en la Fiscalía más de 500 violaciones contra niños, niñas y adolescentes; pero para asustarnos con las proporciones del problema, según un estudio citado por la Defensoría del Pueblo, apenas el 5% de las violaciones se denuncia, otra gran parte no llega a juzgados  y el resto no se conoce nunca.  

Qué otra cosa podemos pedir, si negamos acceso a educación sexual a nuestros niños/as, si los adolescentes no tienen información ni acceso a métodos de anticoncepción gratuitos, si no hay servicios de atención en salud diferenciada para ellos/as, si para hacerse una prueba para una infección de transmisión sexual requieren asistir con sus padres o tutores, pero bien sabemos que para tener una relación sexual no.  Si fomentamos el manejo de la sexualidad como un tabú y alentamos la práctica sexual clandestina, por supuesto que tendremos no sólo  mayores embarazos adolescentes, enfermedades venéreas sino personas más vulnerables a la violencia sexual. 

No nos podemos preguntar ingenuamente: ¿cómo reconocer a los agresores? ¿Cuál es su perfil? Como si hubiesen conductas públicas, comentarios u otros rasgos que permitan identificarlos con tan sólo verlos en la calle, convivir en la oficina o sentarnos con ellos en la mesa y, por espeluznante que nos parezca la idea, ahí están.  

Los agresores pueden ser sacerdotes, políticos, médicos, tíos, abuelos, padres, hermanos, padrinos, vecinos, profesores, amigos, dueños de casa, etc. pueden tener cualquier nivel de educación e ingresos económicos, la mayoría son hombres; pero también hay agresoras mujeres y, aunque va en contra de la creencia de que las violaciones las cometen desconocidos en callejones oscuros, generalmente los predadores sexuales son personas conocidas o cercanas a la víctima y su familia, que acceden a la casa o a estar a solas con sus víctimas. 

En resumen, no es posible identificar fácilmente al agresor; pero sí podemos evitar  las situaciones de riesgo y proteger a las niñas y niños  hablándoles sobre su cuerpo y sexualidad (hay guías en Internet disponibles), para que sepan  distinguir expresiones de afecto o abuso, no obligándoles a estar con personas que rechazan; pero sobre todo construyendo la confianza de poder hablar sobre las situaciones o personas que les incomodan, de forma tal que puedan denunciar cualquier hecho que atente contra su integridad psicológica, física o emocional.

ABAJO Y A LA IZQUIERDA

CECILIA CHACÓN R.

Feminista y exconcejala por la ciudad de La Paz

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