Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 17 de mayo de 2022
  • Actualizado 06:32

Colegiatura obligatoria

Colegiatura obligatoria

Quizás algunos de ustedes, queridos lectores recuerden, y otros más jóvenes que nosotros seguro que no; pero hasta hace 12 años los abogados debíamos inscribirnos en el Colegio respectivo para poder ejercer nuestra profesión, sin ese requisito simplemente no podíamos trabajar. Me viene a la memoria especialmente el caso de una amiga que había salido de la universidad dos años antes y que esperó otros dos más hasta poder ahorrar el dinero suficiente para la cuota de inscripción al colegio y ser independiente.

Provocados más que inspirados por esa realidad, los aplicados estudiantes que habíamos aprendido que el único requisito para ejercer nuestra profesión, según la Constitución, era el contar con el título en provisión nacional, soñábamos con realizar nuestra primera demanda contra nuestro propio gremio. Tan entusiasmados estábamos que hasta teníamos lista la opinión consultiva de la Corte Interamericana que nos daba la razón. 

Y un buen día casi todo cambió: se eliminó el uso del papel sellado, porque había sido un costo que encarecía e impedía el acceso a la justicia; se dispensó a los trámites de los “visados” del Colegio de Abogados (importante fuente de ingresos de estos), y no fue obra de los idealistas estudiantes de Rivera o Ivankovic, sino del Gobierno, que por razones más pragmáticas  dispuso además que para habilitarse a la práctica profesional era suficiente matricularse de forma gratuita en el Ministerio de Justicia. Desde luego, lo celebramos. 

Así nació el Registro Público de Abogados (RPA) y así también empezaron a perder vigor hasta quedar inánimes  los colegios de abogados; pero como suele pasar ahora es este nuevo registro el obstáculo para el ejercicio profesional, y aunque está lejos de cobrar cientos de dólares como se habituaba, no  justifica el cobro de 400 bolivianos por una credencial o 200 por su reposición; pero, además ha generado una burocracia insólita para verificar la autenticidad del título profesional y este proceso puede llevar meses y es indefinido, todo ello -se entiende- para evitar falsedades, etc.; pero, acá la ironía mayor: para trabajar en el Estado no es necesario presentar la matrícula del RPA. Pueden ustedes sacar sus conclusiones. 

ABAJO Y A LA IZQUIERDA 

CECILIA CHACÓN R.

Feminista y exconcejala por la ciudad de La Paz

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