Hablemos de otro tema sensible, además de la corrupción en las universidades: el acoso. 

Y es que no importa mucho si son públicas o privadas, laicas o católicas, el hecho es que al tratarse de una institución donde existen relaciones de poder, no es raro que se produzcan hechos de violencia contra las mujeres, el problema es cómo lo enfrentan las autoridades y la población estudiantil.

Aunque creo que todavía falta bastante, con el tiempo, muchas conductas consideradas normales, se van desnaturalizando y las mujeres van perdiendo el miedo hasta romper el silencio y denunciar, sin embargo, es bastante evidente que las instituciones no están preparadas para ello y eluden su responsabilidad al respecto. 

Y no se trata de desatar cacerías de brujas negando el derecho a la presunción de inocencia, despidiendo a cualquiera ante la mera presentación de una denuncia,  pero tampoco se trata de caer en el otro extremo y restarle toda credibilidad a quien denuncia o simplemente lavarse las manos indicando que tal o cual hecho sucedió fuera de la universidad, o en actividades extra académicas, etc. Hay una responsabilidad institucional que no se puede dejar de lado de forma tan simple. 

Entonces, ¿qué deben hacer las universidades ? La ley 348 establece que  deben formular políticas de prevención del acoso sexual y contar con reglamentos y protocolos para el tratamiento de denuncias de violencia, especialmente del acoso, además deben establecer mecanismos de protección y atención especializada a las víctimas, es decir, más que desentenderse ante una denuncia, deben trabajar para evitar que estos hechos se produzcan. Esa es su obligación. 

Para que no quede duda, la misma ley indica que el personal docente, administrativo o de apoyo profesional que, habiendo detectado una situación de violencia no la hubiera reportado, será pasible a las sanciones legales que correspondan y el código penal en el art. 312 quater ha incluido la tipificación de esta conducta y su sanción con cuatro a ocho años de cárcel. 

Las universidades y el Ministerio de Educación tienen una tarea pendiente: trabajar con sus docentes y estudiantes para prevenir, evitar y sancionar el acoso, como el delito que es.  

ABAJO Y A LA IZQUIERDA

CECILIA CHACÓN R.

Feminista y exconcejala por la ciudad de La Paz

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