Lo que el Impuesto a las Grandes Fortunas develó
Recuerdo como si fuera ayer cuando el ahora presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, planteó como parte de su programa de gobierno en la campaña electoral que los dueños de grandes fortunas paguen un impuesto como una forma de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que poseen menos recursos, esto con el propósito de paliar la crisis económica generada por la pandemia COVID-19. A menos de dos meses de asumir el gobierno, implementó el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) a través de la Ley N° 1357, de 28 de diciembre de 2020, y reglamentada por el Decreto Supremo N° 4436 de 30 de diciembre de 2021, trayendo consigo las siguientes repercusiones:
Inmediatamente al establecimiento de este impuesto surgieron varias críticas en sentido de que el cobro del mismo promoverá la fuga de capitales, además de desincentivar la inversión. Por otra parte, empresarios han señalado que el IGF es confiscatorio, que viola el derecho a la igualdad, privacidad y la dignidad de los millonarios; sumado a lo anterior, algunos economistas sostienen que la experiencia de otros países de la región demostró que los efectos pueden ser, más bien, adversos, enfatizando que “a nadie en el mundo le gusta pagar impuestos y el caso de Bolivia no es la excepción”, omitiendo considerar que el país necesita del apoyo de los que más tienen para salir de la crisis, y que además tan solo una mínima fracción de la población es contribuyente del citado impuesto. Bajo esos elementos escuchamos también a varios “adivinos” asegurando que las metas de recaudación establecidas por el gobierno no se cumplirían.
Pese a los malos augurios, ampliamente difundidos por los medios de comunicación, el IGF resultó exitoso. Los datos así lo demuestran, considerando que a 31 de marzo de 2021, según el Servicio de Impuestos Nacionales, se obtuvo una recaudación total de 159.367.756 bolivianos, superior en 59,4% a la meta estimada, siendo el departamento de La Paz el que mayor participación tiene con un 60%, seguido de Santa Cruz (38,6%), Cochabamba (5%), y una menor participación las ciudades de Beni, Potosí y Chuquisaca con 2,9%, 0,9% y 0,5%, respectivamente.
Los datos precedentes demuestran que el pesimismo de algunos opinadores solo buscaba generar confusión en la población, y que con el IGF se aminora la regresividad del sistema tributario, es decir, que los que ganan más ahora contribuyen más. Asimismo, con el pago del impuesto se ha comprobado que muchos millonarios en Bolivia sí están dispuestos a contribuir al país conscientes de su posición privilegiada respecto a la gran mayoría de la población, pero otros pocos no, hecho que revela de estos últimos su pobreza en términos de solidaridad y actitud contributiva con el país.
FORO
CATALINA SOFÍA APAZA ADUVIRI
Economista