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  • Diario Digital | jueves, 29 de octubre de 2020
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Tránsito no le compete a la Policía

Tránsito no le compete a la Policía

El control de tránsito urbano no es competencia del Gobierno central desde hace 11 años. Por consiguiente, no solo no le corresponde a la Policía Boliviana controlar el tránsito vehicular, sino que tampoco tiene la capacidad de hacerlo. El tema es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales, por lo que debe existir en cada uno de ellos una Guardia Municipal de Tránsito que se haga cargo, al igual que de aplicar las multas por infracciones, debiendo ser estas ingresos municipales. Al carecer de competencia para cobrarlas, las multas ejecutadas por la Policía serían cobros ilegales.

Es la Constitución Política del Estado (CPE) la que, mediante el art. 302.I.18, asigna la competencia exclusiva en materia de “administración y control del tránsito urbano” a los gobiernos municipales. La exclusividad implica que ningún otro gobierno que no sea el titular de la competencia puede ejercerla. 

Conforme al art. 297.I.2 de la misma Constitución, en el ejercicio de una competencia exclusiva, le corresponde al gobierno titular de la competencia hacer la ley en el tema, reglamentarla y ejecutarla, sin ningún tipo de sujeción a leyes ni reglamentos del Gobierno central ni de otro gobierno, sino directamente al bloque de constitucionalidad (DCP 35/2014). Eso implica que debe haber una Ley Municipal de Tránsito Urbano y que esta debe ser reglamentada y ejecutada por la Alcaldía (Órgano Ejecutivo), siendo atribución de ésta el administrar y prestar el servicio de control de tránsito.

¿En qué queda el Código Nacional de Tránsito?, se preguntarán. Según la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 2055/2012 (Fundamento Jurídico II.5.6), “cuando las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) aún no hubieren ejercido de manera efectiva sus competencias y no hubieren legislado (hecho su ley autonómica) sobre las mismas se aplica de manera supletoria la legislación nacional preconstitucional vigente hasta que la ETA legisle sobre esa competencia que le ha sido asignada por la CPE”. Es decir que, según el intérprete oficial de la Constitución (el Tribunal Constitucional Plurinacional), el Código Nacional de Tránsito (Ley 3988) se convierte solo en una ley supletoria, por lo que se aplica en los municipios del país únicamente en tanto los gobiernos autónomos no hagan sus propias leyes. En el municipio donde exista esta ley, dejaría de aplicarse el Código de Tránsito, lo mismo su reglamento (RS 187444).

Sin embargo, lo anterior no implica que la Dirección Operativa de Tránsito desaparezca. Debe continuar existiendo para prestar servicio en todo lo que, por limitaciones de alcance territorial y material del ejercicio competencial, no compete a los gobiernos municipales. En lo territorial, estos no pueden controlar el tránsito más allá de sus territorios, por lo que el control de tránsito interregional, interdepartamental e internacional, en función al art. 297.II de la CPE, le corresponde al Gobierno central y, por tanto, a la Policía Boliviana. 

Asimismo, siendo la “administración de justicia” competencia exclusiva del Gobierno central (CPE, art. 298.II.24), la atención de todos los casos de tránsito que involucren a la Jurisdicción Ordinaria le compete a la Policía. Se pueden mencionar entre ellos los casos de conducción peligrosa, accidentes, robos y daños a los vehículos, y atentados contra la seguridad en el transporte (Código Penal, arts. 210-213, 261-262, 331 y 357).

Además de todo ello, al parecer la Policía Boliviana no tiene la capacidad de prestar un servicio de control eficaz en el ámbito urbano. Basta salir a caminar o a conducir por la vía pública para ver el desorden. Las infracciones menores —aquellas que no implican detención o aprehensión— no parecen importarles a los agentes policiales. Parar y, en muchos casos, estacionar el vehículo en doble fila es hoy normal. Ver girar o, más aùn, cambiar de carril a un vehículo usando los guiñadores, o poner luces de parqueo para detenerse, es casi una extravagancia. La excepción tal vez es el centro de la ciudad, pero que los autos paren ante el semáforo sobre el paso peatonal es casi una regla. Notar vehículos sin placa trasera es como observar a personas vistiendo a la moda. Que el transporte pesado y quienes conducen lento avancen por el carril izquierdo, obligando a los demás vehículos a rebasar por la derecha, es tan usual como resignarse ante la cultura del caos. 

Ver, a los pocos días de concluida la inspección técnica vehicular, a los inspeccionados circulando sin un farol, sin guiñadores, o con otros desperfectos que, se supone, han sido revisados, es asimismo pan de cada día. No alcanzarían los espacios para describir todas las contravenciones de tránsito que ocurren frente a los supuestos responsables del control. Si, conforme a la atribución asignada a los/as ciudadanos/as por el art. 22 de la Ley 341, alguno se atreve a reclamarle a un policía por no cumplir el trabajo por el que la sociedad le paga, el de la queja podría ser visto como loco o peor, ser agredido psicológicamente con la amenaza de ser arrestado por “faltarle el respeto” a la autoridad.

Uno de los principios fundamentales que rige a la organización territorial de la institucionalidad del Estado es el de subsidiariedad (CPE, art. 270): toda “toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe realizarse desde el gobierno más cercano a la población” (Ley 031, art. 5.12). Por tal criterio y por lo revisado del diseño constitucional en el tema de control de tránsito, el Gobierno central y la Policía deben dejar de apropiarse de una competencia que ha dejado de ser suya desde hace 11 años. Por su lado, los gobiernos autónomos municipales están obligados a asumir y ejercer responsablemente sus competencias (Ley 031, art. 64.I). Si la Policía o el Gobierno central, por los intereses económicos que conlleva el tema (ingresos y corrupción), usando su poder, pretende conservar para sí la competencia, debe recurrirse al Tribunal Constitucional (Ley 254, arts. 92-96) para que este le obligue a soltarla. Todo esto no solo debe ser así por el respeto a la Constitución, sino, sobre todo, por la seguridad vial y por la calidad de la movilidad urbana en general que, gracias a la indiferencia de la Policía, es un desastre. Para el cambio de autoridad encargada, es indispensable una guardia municipal cualificada. De lo contrario, podría resultar peor. Este tema debe ser otro de los tantos que deben entrar a la agenda de transformación gubernamental poscrisis política del país.


CARLOS BELLOTT L.

Experto en derecho constitucional ligado al régimen competencial y organizacional del Estado

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