Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 06 de diciembre de 2021
  • Actualizado 11:33

Estado social de derecho

Estado social de derecho

Bolivia —así como gran parte de los países del mundo de hoy— no es un Estado liberal, ni es un Estado socialista; Bolivia es un Estado social de derecho. En este, no caben más los proyectos políticos de “derecha” ni de “izquierda”. En su caso, serían retrógrados.

En un Estado liberal, el gobierno prácticamente no interviene en la economía ni en la igualdad social, sino que deja que el mismo mercado las regule, mediante la libre competitividad. Si interviene, es únicamente para garantizar que se cumplan las “reglas de juego” del liberalismo, y así corregir las fallas del mercado. La igualdad social, en este modelo, se supone que se genera por efecto del “rebalse” de la economía capitalista. Es decir: quien tiene capital e iniciativa implementa una empresa y genera empleo para quienes lo requieren. Así, todos obtienen ingresos y bienestar. El instrumento político de este modelo de Estado es la democracia, ya que solo así el mercado puede controlar incluso al gobierno.

En un Estado socialista, en cambio, el gobierno interviene totalmente en la economía para lograr la igualdad social. Con ese fin se apropia de todos los aparatos de producción (empresas), para ser el único empleador, dar trabajo a todos los ciudadanos y pagarles por igual, indistintamente de la actividad que desempeñen. Todo eso no se podría lograr mediante mecanismos democráticos, sino que se requiere de la concentración del poder de decisión. Por esta razón, el instrumento político del socialismo es la dictadura (del proletariado).

Sin embargo, con el ascenso de la era de los derechos humanos (1948) y su evolución en las siguientes casi ocho décadas, ambos modelos de Estado (socialista y liberal) han ido siendo superados y transformados en lo que hoy se conoce como el Estado social de derecho. En este modelo, se aplican el liberalismo y la democracia, pero con intervención de los gobiernos del Estado para garantizar el goce, respeto y protección de los derechos humanos. En esta ruta, esos gobiernos deben invertir en generar igualdad de oportunidades para que todos y todas puedan materializar sus derechos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a la educación. Si se deja que solo el mercado la posibilite, se tendrían únicamente escuelas y universidades privadas. Por el costo, mucha gente no podría materializar ese derecho. Para que esto no sea así, el Estado debe prestar servicios de educación gratuitos o de bajo costo, con la finalidad de que sean accesibles. De este modo, pueden estudiar en las entidades privadas quienes tienen dinero y quieren, y, quienes no, acceder a las escuelas y universidades estatales. Así se genera la igualdad de oportunidades y, con ella, la igualdad social.

Bolivia, desde hace más de tres décadas, es un Estado social de derecho, cualidad que la constitucionalizó en 2009 (CPE, art. 1). Por esa razón, dado que suele llamarse “derechistas” a quienes comulgan con el liberalismo e “izquierdistas” a quienes propugnan el socialismo, no corresponde más usar esos denominativos, puesto que, en un Estado social de derecho, ya no es posible implementar ninguno. Hacerlo, en todo caso, sería retrógrado e incompatible con la Constitución, ya que, en este modelo actual, la luz orientadora de las decisiones de los y las gobernantes, y de todo proyecto político, es y debe ser siempre la emergida de los derechos humanos.

PLURALIZANDO LO PÚBLICO

CARLOS BELLOTT L.

Experto en organización y funcionamiento del Estado

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