Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 24 de octubre de 2020
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Las políticas públicas, la política y su deformación

Las políticas públicas, la política y su deformación

Cuando se habla de políticas públicas, es común sentirse algo dudosos respecto a qué exactamente se refieren. Nos pasa tanto a los ciudadanos, como a los políticos e incluso a los académicos. Algunos tienen su propia concepción, debido a que entre los propios autores de la temática hay divergencias.

Para algunos autores, las políticas públicas son el conjunto de acciones que se realizan desde los gobiernos (Luis Aguilar, 2012 y otros). Para otros, son los programas y planes gubernamentales (Eny, Ives y Thoenig, 1992; Emilio Graglia, 2017). Hay quienes dicen que las políticas públicas son todo eso, pero siempre y cuando sean diseñadas de forma participativa. De lo contrario, son políticas gubernamentales o estatales (Martín Rodríguez y Eduardo Rodríguez, 2009). Muchas ONG y técnicos gubernamentales suelen creer que la política pública es algo diferente a las normas y a los planes.

Por esta razón, en la Ley 144 de Revolución Productiva aparece un capítulo de políticas en el tema (arts. 12 al 29), como si las demás disposiciones en la misma ley y otras no lo fueran. Una ministra trabajó un plan y lo denominó “Política nacional de transparencia institucional y lucha contra la corrupción” (DS 214). Con tanta confusión, dado el contexto electoral, vale la pena revisar la naturaleza de la política pública.

Para Javier R. Romero (2019), la política es “el modo en que las personas hacen las cosas, en función al proyecto de vida que tengan”. Ese modo de hacer las cosas, cuando se vive en sociedad, requiere ser acordado —aunque también funciona si es impuesto por la fuerza (dictadura)— para ser tal. En democracia, para su efectividad pacífica, es necesario su consenso entre los miembros de esa sociedad o al menos de los actores políticos.

La política es entonces la directriz de cumplimiento obligatorio sobre determinados modos de hacer las cosas, que puede haber en los ámbitos privado, comunitario y público. Las aplicadas al ámbito público serían las políticas públicas. En el Estado, esas directrices están expresadas en las normas y planes, que luego, dada su obligatoriedad, deben ser aplicadas o ejecutadas. 

Las normas, al ser tales, están institucionalizadas, por lo que no cambian fácilmente con el paso de un gobierno; por ese motivo, se las llama políticas de Estado (DCP 19/2014: 138). Los planes son las directrices ejecutivas que traza un gobierno para aplicar en su mandato (que puede ser también con proyección a más adelante). Por lo general, cambian con el paso de un gobierno a otro. Por eso se las denomina políticas de gobierno (CPE, arts. 172.3-5, 174.4-5, 175.1-2y8, 242.1 y otros). 

De ese modo, las políticas de Estado son todo el conjunto de normas de la pirámide normativa (bloque de constitucionalidad, tratados internacionales, estatutos y cartas orgánicas, leyes, reglamentos y manuales), y las políticas de gobierno son los planes integrales y sectoriales (temáticos) a largo, mediano y corto plazo, sean cuales sean las escalas de gobierno de las que provienen (Renato Crespo, 2008). Se requiere políticas públicas tanto para el diseño y funcionamiento institucional (sistema de gobierno, estilo de democracia, régimen electoral, descentralización, planificación, sistema de control, etc.), como para la calidad de vida (desarrollo humano, territorial, ambiental, economía, justicia, etc.).

En una sociedad democrática como la de Bolivia, cuando se pretende definir una política pública, quienes participan en los espacios de tomas de decisión aplican necesariamente los conocimientos que tienen respecto del tema. En salud, por ejemplo, cada persona la concibe de una forma (ontología) y tiene una forma de pensarla (epistemología). Con base en ello, propone cómo debería manejarse la salud pública en el país, en su departamento o en su municipio (política) (Romero, 2019). Por esta razón, el diseño de las políticas públicas pasa por un proceso de discusión, en el que las personas con mayor poder de decisión o de incidencia terminan decidiendo o imponiéndolas.

Puesto que las personas o grupos de personas suelen desear imponer sus ideas o incidir en la definición de las políticas públicas, con ello surge la necesidad de acceder a los espacios de tomas de decisión. Es decir, al poder que es el gobierno. Para esto, las sociedades modernas han inventado las organizaciones políticas, para, mediante ellas, competir por el acceso al poder. Así se hace en Bolivia (CPE arts. 26.II.1 y 209-212). Entonces, a los cargos electos se los llama también cargos políticos, ya que son los espacios para quienes han sido delegados (electos) por la ciudadanía para ir a decidir formalmente sobre las políticas públicas. A todos los que se mueven en torno a esos espacios de poder, sea ocupándolos o luchando por acceder a ellos, se los llama políticos (lo cual es impreciso).

Esa necesidad de acceder al poder para incidir en las tomas de decisión sobre las políticas públicas con el tiempo se convirtió en necesidad de acceder al poder, únicamente. El poder dejó de ser simplemente un medio para, a través de este, decidir sobre las políticas públicas orientadas a un determinado proyecto de vida en sociedad. El poder se convirtió en un fin en sí mismo. 

Ya no interesa si hay coincidencia ideológica o no para agruparse en torno a una organización política. Si existe mayor probabilidad de que con un candidato o partido político se acceda a un cupo de poder, o simplemente a un puesto de trabajo, los políticos de menor predominio se unirán a él para apoyarlo activamente y lograr sus fines. En esa práctica, la calidad de vida o la transformación institucional es usada meramente como una estrategia discursiva con el propósito de encantar a la gente y conseguir su voto.

Así, hoy en día, la política es entendida puramente como esa dinámica de luchas de poder. Hasta los/as ciudadanos/as han dejado de centrar su atención en los asuntos públicos relacionados a la calidad de vida y de gobierno, para concentrarla en gran medida a ser parte de las luchas de poder a favor de los políticos. En las redes sociales se puede ver a las personas adulando a políticos o asediando a sus adversos. Son muy pocos quienes debaten sobre las políticas públicas. Es necesario que la ciudadanía despierte, deje de ser utilizado por los políticos para sus fines de poder y concentre su energía en debatir los asuntos realmente importantes, los que tienen que ver con la calidad de vida.


CARLOS BELLOTT L.

Experto en derecho constitucional ligado al régimen competencial y organizacional del Estado

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