Actualmente, no se tiende a hacer políticas públicas para atender las necesidades de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad extrema. Se priorizan más bien necesidades de las clases medias. Así ocurre porque, quienes acceden a los cargos -técnicos y electos- de gobierno, son personas provenientes de familias económica y socialmente estables. Son, por tanto, quienes diseñan y deciden las acciones, los presupuestos y las normas en el Estado, con una carencia de empatía altamente evidente. Sucede así incluso en la Defensoría del Pueblo y en otras instancias creadas para velar por los derechos humanos.

Siendo que la cultura de las decisiones estatales no es la basada en datos situacionales, el criterio que guía la legislación y la planificación son las experiencias personales, es decir, lo que saben y ven en su vida cotidiana y en su entorno social. Así, cuando se esté trabajando, por ejemplo, políticas para la niñez, los diseñadores y decisores no pensarán en los problemas de quienes están en situación de abandono o de calle, sino en los problemas que sus propios hijos y entorno familiar y social atraviesan.

Sobre eso, por lo general, esas personas en situación extrema carecen de capacidad de movilización y de presión social para conseguir la atención del Estado. No veremos por tanto a niños/as de los orfanatos marchando o haciendo huelga, o a las personas en situación de calle, o a las reducidas en su autonomía personal a causa de enfermedad, edad o discapacidad. Encima, al ser estas poblaciones minoritarias, no resulta electoralmente atractivo para los gobernantes atenderlas, ya que, la mayoría, ni siquiera tiene la posibilidad de votar. Finalmente, debido a su situación, muy difícilmente pueden acudir a los pocos talleres participativos que se realizan para dialogar y aportar en las políticas públicas.

Ante esa falta de referentes situacionales y de empatía social, en resultado, no veremos que algún gobernante o colectivo ciudadano exija que las aceras de las calles sean circulables para las personas con discapacidad. Las en silla de ruedas tendrán que circular por la calzada junto a los motorizados, sin que a nadie le importe lo suficiente como para motivar una lucha por su solución. No veremos a gobernantes o ciudadanos exigir buenas casas de acogida para las personas en situación de calle, o el derecho a la familia para las y los niños en situación de orfandad.

Así, los gobiernos siempre terminarán invirtiendo los recursos públicos en acciones que benefician, sobre todo, a la población de clase media y, en ínfima medida, a la que lo requiere con suma prioridad. Para que eso no ocurra, es elemental que la sociedad exija la protección reforzada a esos grupos de atención prioritaria, la cual debe ser en proporción al grado de necesidad. Esto, porque el Estado está obligado a priorizar recursos bajo criterios de necesidades y en favor de la reducción de las desigualdades sociales (CPE, arts. 306.V y 316.7; Ley 031 arts. 102.5 y 111.III), en especial las extremas. Debe hacerlo así, mediante todos sus gobiernos, pero, principalmente, mediante el Gobierno central, ya que este administra más del 85% del Presupuesto General del Estado. Solo de este modo la sociedad actual dejará de seguir siendo tan indiferente y cruel con los más débiles, como lo fueron las de la Edad Media.

PLURALIZANDO LO PÚBLICO

Carlos Bellott López

Experto en organización y funcionamiento del Estado

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