Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Obsolescencia de funcionarios

Obsolescencia de funcionarios

Así como los artefactos se vuelven obsoletos con el tiempo debido a la evolución tecnológica, la capacidad de desempeño laboral de las personas también si no se actualiza conforme a la evolución del pensamiento, de la ciencia (conocimiento) y de la tecnología.
La pandemia ha obligado al mundo a actualizarse en el uso de las herramientas tecnológicas. Hoy, una persona que no las maneja puede afrontar serias limitaciones en su acceso al estudio, al empleo y a los servicios.
En el ámbito de las empresas privadas, la dinámica del mercado obliga a estas a adecuarse al nuevo contexto de distanciamiento físico interpersonal, lo que a su vez les obliga a actualizarse en el manejo de las herramientas tecnológicas. La empresa que más rápidamente se adecúe y actualice tiene mayor ventaja en el mercado.
Sin embargo, en el ámbito de las instituciones públicas, debido al monopolio de los servicios, no existe esa competitividad. Si una institución pública no se actualiza, no habrá otras que le tomen ventaja y provoquen que sucumba al perder clientes y dejar de tener ingresos. A lo mucho surgirá críticas en la opinión pública. Por esta razón, los funcionarios no empeñan su mejor esfuerzo en evolucionar sus instituciones hacia el gobierno electrónico. Así, si por ejemplo una persona del interior del país desea dejar una nota en algún ministerio o en la Asamblea Legislativa Plurinacional, está obligada a viajar hasta La Paz o al menos hasta la capital del departamento, para dejarlo físicamente en oficinas. Salvo raras excepciones, ocurre con todos los trámites y servicios de todos los gobiernos. Eso implica que el propio Estado estaría obligando a la ciudadanía a ponerse en riesgo de contagio de la COVID-19.
Los servidores públicos mayormente responsables de todo ello son los auditores y abogados, y su falta de actualización, empezando por los de la Contraloría General del Estado (CGE) y otras entidades de control. Son quienes exigen que los documentos sean necesariamente físicos, cuando desde 2011 tanto el correo electrónico como la firma digital tienen validez legal (Ley 164, arts. 89, 90 y 78).
Así ocurre también con el diseño de la descentralización del Estado. Desde 2009, en Bolivia tenemos gobiernos equivalentes. El central carece de atribuciones para regular el funcionamiento de los subnacionales. Ni los ministerios ni la CGE son órganos rectores en materia alguna (son solo cabezas de sector). Sin embargo, no solamente los servidores públicos del Gobierno central sino, sobre todo, los de los propios gobiernos subnacionales, son quienes abogan por el centralismo preconstitucional (de los años 90 y 2000). De esa manera, la obsolescencia profesional no solo es responsable del conservadurismo de la administración pública sino, en muchos casos, de los retrocesos y de la destrucción de los avances y evoluciones propuestas y hasta de las logradas.

PLURALIZANDO LO PÚBLICO

CARLOS BELLOTT L.

Experto en organización y funcionamiento del Estado.
[email protected]

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