A diferencia de las elecciones nacionales, en las subnacionales, los concejales y asambleístas no entran a esos cargos gracias al voto para los candidatos a alcaldes o gobernadores. Van en listas separadas, por lo que se sufragará por un alcalde y por un grupo de concejales, así como por un gobernador y un grupo de asambleístas departamentales. Sin embargo, los candidatos a legisladores no parecen esforzarse mucho en hacer campaña por ellos mismos, sino para los que aspiran a los máximos cargos ejecutivos. Los primeros hacen campaña para el aspirante a alcalde o gobernador, y estos piden el “voto en línea”: sufragar tanto para alcalde o gobernador como para concejales o asambleístas de la misma organización política. El resultado es que la gente, a pocos días de los comicios, no conoce a los candidatos a los concejos municipales, y menos aún a quienes postulan a las asambleas departamentales.
Eso no se ve únicamente en el comportamiento de los candidatos, sino también en el de la sociedad civil. Los medios de comunicación tienden a concentrar las entrevistas respecto a las ofertas ejecutivas, incluso cuando dialogan con candidatos a los órganos legislativos.
Tal “ejecutivocentrismo” tiene consecuencias negativas para la democracia y para la gestión pública, ya que perjudica la separación de órganos de gobierno. Bajo esa práctica proselitista, al ganar las elecciones, los concejales y asambleístas tienden a creer que lo lograron gracias al voto para el alcalde o gobernador (voto en línea). Estos a su vez, convencidos de ello, exigen toda su lealtad a los legisladores, por lo que su libertad para legislar y fiscalizar se ve minimizada.
El principal mandato de los concejales y asambleístas es el ir a hacer las leyes (en las competencias municipales y departamentales, respectivamente), en desarrollo de la Constitución. Su segundo mandato es fiscalizar a las alcaldías o a las gobernaciones. Sin embargo, gran parte del periodo de mandato los legisladores se dedican únicamente a los asuntos administrativos y de fiscalización, siendo el tema legislativo el menos atendido. Es más, cuando la sociedad o la situación demanda la necesidad de una ley, estos suelen exigir a los órganos ejecutivos que la diseñe. Muchas veces incluso dan plazos, cuando tal responsabilidad es de ellos y no de la alcaldía (órgano ejecutivo) o la gobernación.
La gestión legislativa implica realizar el diagnóstico legislativo para identificar los mandatos para leyes y las necesidades legislativas, tanto para lo institucional como para los temas de calidad de vida. Con base en eso, se debe planificar las leyes a elaborar en los cinco años, organizados por periodos anuales, lo que resultará en una agenda legislativa quinquenal y cinco anuales.  Ejecutar tal plan no es otra cosa que hacer esas leyes. Finalmente, parte de la gestión legislativa es también evaluar la aplicación de las leyes en vigencia, tanto para perfeccionarlas como para ver su impacto en la eficacia del funcionamiento institucional del respectivo gobierno y en la calidad de vida en su territorio. Es lo que concejales y asambleístas electos deberán hacer inmediatamente asuman.
Los candidatos a legisladores deben remirarse y asumir el rol y la importancia de los cargos a los que postulan; hacer su propia oferta electoral en función a ello y hacer campaña por ellos mismos. Deben hacerlo teniendo en cuenta que la gente no irá a votar únicamente por su alcalde o gobernador, sino también por sus concejales y asambleístas, los cuales no son cargos poco importantes para el desarrollo integral.

PLURALIZANDO LO PÚBLICO

CARLOS BELLOTT L.
Experto en organización y funcionamiento del Estado.
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