Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 16 de octubre de 2021
  • Actualizado 17:26

Grados de descentralización del Estado

Grados de descentralización del Estado

Existen cuatro grados de descentralización institucional del Estado: 1º el ejecutivo, 2º el administrativo, 3º el político y 4º el judicial. Con los primeros dos, los aparatos institucionales continúan siendo parte de un mismo gobierno, mientras a partir del tercer grado se constituyen ya otros gobiernos (subnacionales): el autónomo (3º) y el federado (4º).
La descentralización ejecutiva implica descentralizar atribuciones únicamente para ejecutar las acciones planificadas, hacia una unidad organizacional que es parte de una misma entidad (órgano de gobierno u otra). Para eso, para el caso de obras y otros proyectos, se requiere contar con unidades propias de: a) diseño de proyectos, b) contrataciones y c) supervisión técnica a la ejecución de proyectos. Para el caso de servicios, se requiere desconcentrar las unidades de recaudaciones (cobro de impuestos, tasas, patentes y multas) y/u otros trámites de competencia del gobierno –y de atribución del órgano– que se descentraliza. A aquellas que tienen este grado de descentralización se las conoce como unidades desconcentradas. Estas son, por ejemplo, las subalcaldías, las subgobernaciones y algunas direcciones departamentales de ministerios, entre otras.
La descentralización administrativa implica que, además de lo ejecutivo, se descentraliza todo lo administrativo. Es decir, compromete atribuciones para administrar sus propios recursos humanos, logísticos y financieros. Por ello, incluye ya la conformación de una institución descentralizada, con una máxima autoridad ejecutiva (MAE) y reglamentos administrativos propios (en Bolivia, los de la Ley 1178 SAFCO). Sin embargo, no tienen aún potestad para decidir sobre políticas públicas. Si bien pueden contar con reglamentos y planes, estos pueden ser únicamente internos.
Existen dos subgrados de descentralización administrativa, la de dependencia indirecta y la que es independiente. La primera se concreta mediante un directorio, el cual es presidido por la MAE (o su representante) de la entidad de la que se descentraliza, y que también designa a los demás miembros del directorio (en algunos casos solo a parte de sus integrantes). La MAE de la institución descentralizada depende de ese directorio y no directamente de la MAE de la entidad central. Por eso se trata de una dependencia indirecta. Esas instituciones son, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y las empresas públicas de agua y saneamiento (EPSAS), entre otras. Las que son independientes, por otro lado, carecen de tal directorio y no dependen de ninguna instancia de gobierno. Esta figura de descentralización se inventó –sobre todo– para aplicar a los organismos que controlan a los gobiernos. En el caso de Bolivia, se tiene a la Contraloría General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional, entre otros. Estos son organismos extragobiernos, ya que no forman parte de ninguno y son independientes de estos.
La descentralización política, por otro lado, implica descentralizar poder de decisión para diseñar y ejecutar políticas públicas, es decir, leyes, reglamentos y planes, además de lo ejecutivo y administrativo. Por eso se llama así. Puesto que esas funciones no deben juntarse en un solo órgano, sino dividirse (CPE y Ley 031, art. 12), implica la conformación de un gobierno integrado por dos órganos: el legislativo y el ejecutivo. Asimismo, puesto que para decidir sobre asuntos que afectarán a toda la población (políticas públicas) se requiere legitimidad, sus autoridades deben ser electas. A este grado de descentralización se conoce como autonomía. Ejemplos de esta son los gobiernos autónomos de Bolivia.
Finalmente, la descentralización judicial, además de todo lo anterior, implica descentralizar el sistema judicial, para legislar y administrar la justicia. Es decir, se incrementa la existencia de un tercer órgano de gobierno: el judicial. Eso significa la existencia de un gobierno subnacional federado. Ejemplos de países con gobiernos subnacionales así son Estados Unidos, Alemania y Brasil, entre otros. Si bien Bolivia no es un Estado federado sino autonómico (unitario), en una pequeña parte es federal, ya que uno de los tipos de gobiernos autónomos tiene descentralización judicial: el indígena. En este gobierno funciona la jurisdicción indígena originaria campesina de justicia, siendo competencia del Gobierno central únicamente la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las especiales.
Así, en Bolivia se aplican todos esos grados y subgrados de descentralización, aunque el cuarto en muy pocos casos.

PLURALIZANDO LO PÚBLICO

CARLOS BELLOTT L.

Experto en organización y funcionamiento del Estado
[email protected]

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