Para que la gestión pública sea efectiva en la mejora de la calidad de vida en el territorio, debe cumplir estrictamente los cuatro elementos de su proceso: el diagnóstico situacional, la planificación, la ejecución y la evaluación. En la actualidad, el estilo de hacer gestión de las y los gobernantes suele abarcar únicamente parte de la planificación y enfocarse en la ejecución.

Mediante el diagnóstico situacional —integral— deben identificarse los problemas y necesidades en cuanto al desarrollo humano (todo lo directamente relacionado con las personas), al desarrollo territorial (todo lo directamente relacionado con el hábitat), al desarrollo económico, al desarrollo ecológico y ambiental, y al desarrollo gubernamental (todo lo relacionado con la estructura de gobierno y el sistema de gestión). Para ello, es necesario contar con datos de la realidad, por lo que es indispensable realizar estudios estadísticos y cualitativos. Todo esto no debiera incluir solo lo propiamente ejecutivo, sino también las necesidades legislativas y reglamentarias.

La planificación no es otra cosa que definir los objetivos para solucionar y satisfacer los problemas y necesidades identificados en el diagnóstico y definir el conjunto de acciones para alcanzarlos, que se realizarán en un determinado tiempo (1, 5, 25 años); acciones que implicarán básicamente la ejecución de proyectos y la prestación de servicios públicos y gubernamentales (órganos ejecutivos), así como la emisión de leyes (órganos legislativos), reglamentos y manuales. 

La ejecución es realizar las acciones planificadas, aplicando los mecanismos establecidos para ello. Ejecutar proyectos, implica diseñarlos, realizar el proceso de contratación —si no es por administración directa— y realizar la fiscalización y supervisión técnica hasta su entrega final. La prestación de servicios públicos implica abarcar aquellos en los que la iniciativa privada no garantiza accesibilidad económica, territorial, etc. (salud, educación, cuidado infantil y otros). Los servicios gubernamentales implican la prestación de aquellos de función exclusiva de ese gobierno (trámites urbanos, licencias de funcionamiento, otorgación de personalidad jurídica, etc.).

La evaluación es ver en qué medida se han alcanzado los objetivos trazados en la planificación (los objetivos, si no tienen indicadores de medición, no son tales). Los indicadores de ejecución física y presupuestaria no tienen utilidad más que para el control interno.

Lo que interesa es en qué medida se están resolviendo los problemas y satisfaciendo las necesidades de la población, del hábitat, de la economía y de la naturaleza, lo cual debiera ser el foco de atención de los órganos fiscalizadores y de los medios de comunicación y ciudadanía que ejercen control social a la gestión pública.

PLURALIZANDO LO PÚBLICO

CARLOS BELLOTT L.

Experto en derecho constitucional

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