Para la lucha contra la corrupción, no basta con apelar a la ética, a la conciencia ciudadana y a las sanciones penales. Es necesario un sistema integrado por diversas estrategias y elementos indispensablemente diseñados con base en la realidad. Esto, claro, si se desea que de verdad reduzca la corrupción.

Pasa que nuestras sociedades son individualistas, el modelo económico es individualista. Esto hace que la sobrevivencia propia y el desarrollo económico individual o familiar deban ser ineludiblemente agenciados por cada uno. Cada quien debe implementar las estrategias que le resulten más efectivas para lograr ganar la mayor cantidad de dinero y para mejorar lo más posible su condición de vida y la de sus allegados.

En esa realidad, si al constructor, por ejemplo, le conviene sobornar para que le aprueben un plano de construcción mañana, en lugar de “quién sabe cuándo”, lo va hacer. Porque al esperar pierde dinero. No se le puede pedir a la gente que pierda dinero por conciencia o ética. Sería irreal.

En el discurso, toda persona defenderá siempre la ética y censurará la corrupción. Lo hará hasta de forma enérgica y con toda convicción. Pero cuando se presente la situación de elegir, hará siempre lo que sea más conveniente para su negocio. En sociedades como las nuestras, esa será siempre la tendencia común. Los casos en los que no suceda así serán excepcionales. Una persona hará primar su ética o conciencia en lugar de sus intereses laborales o de su negocio únicamente si su condición económica lo permite. Por eso la expresión al respecto suele ser: “darse el lujo de ser ético”.

Debido a ese contexto socioeconómico es que las estrategias de lucha contra la corrupción deben necesariamente partir de la realidad. Las denuncias de corrupción, por ejemplo, deben ser convenientes para los denunciantes. Una persona que denuncia un caso se arriesga a ganarse enemigos en la institución donde trabaja (seria afectación al clima laboral), a que le despidan, a que, estando fuera, nadie más quiera contratarle y a que le procesen por haber dañado la imagen del denunciado, quien, por lo general, tiene mucho poder o es operador de confianza de una alta autoridad corrupta. Ante tantas desventajas, obviamente en la práctica nadie se atreverá a denunciar a los corruptos, ya que hacerlo sería tonto. Siendo así, naturalmente tampoco se les puede culpar.

La corrupción sabe muy bien que esa es la realidad, la aprovecha y se extiende por todo lado. Es por eso que está por todas partes, no solo en las instituciones públicas. Está incluso en los organismos estatales y de la cooperación que promueven la lucha contra la corrupción misma.

Por esa razón, por esa incongruencia con la realidad, es que los sistemas de lucha contra la corrupción son tan inefectivos en gran parte de los países del mundo, más aun en países donde las unidades de lucha contra este mal dependen de las mismas instancias a las que deben controlar. Es el caso de la Procuraduría General del Estado y de las unidades de transparencia en Bolivia (Ley 064, art. 16.I.1; Ley 974, arts. 10.III y 11; DS 29894, art. 79), pese a que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ratificada por la Ley 3068 del 2005) dice que el Estado debe garantizar a esos organismos de control “la independencia necesaria […] para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida” (art. 6.2).

PLURALIZANDO LO PÚBLICO

Carlos Bellott L.

Constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado

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