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  • Diario Digital | jueves, 23 de septiembre de 2021
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Constitucionalizar la autonomía universitaria

Constitucionalizar la autonomía universitaria

La autonomía universitaria, además de lo previsto por el art. 91.I de la Constitución Política del Estado (CPE), consiste en la potestad de autogobernarse que tiene la universidad estatal. Si bien la CPE no establece lineamientos específicos para el diseño de ese autogobierno, sí lo hace para todos los gobiernos estatales. Dice que estos deben enmarcarse en la democracia (en sus formas directa, representativa y participativa) y que la representación en los gobiernos debe tener equivalencia entre hombres y mujeres (CPE, art. 11). Manda también que las funciones del poder público se dividan en órganos de gobierno, sin que sean reunidas en uno solo ni sean delegables entre sí. Finalmente, indica que la relación entre esos órganos debe sustentarse en los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación mutua (CPE, art. 12).
Puesto que la autonomía implica un tercer grado de descentralización de las funciones del poder público, una entidad autónoma no posee únicamente potestad para ejecutar y administrar sus recursos (financieros, humanos y logísticos), sino también para decidir sobre políticas públicas (descentralización política), en el marco de la distribución competencial. Por eso implica ya la constitución de un gobierno con autoridades electas (para dotarles de legitimidad, ya que decidirán sobre políticas públicas).
Dado que gestión de la educación es una competencia concurrente, y que la formación universitaria, la investigación científica, la extensión e interacción social y la participación académica en el diseño de otras políticas públicas (CPE, arts. 299.II.2-3 y 91.II) son potestad del gobierno autónomo universitario, este puede emitir sus propias políticas en tales materias y sobre su autogobierno. Los instrumentos para establecer esas políticas son el estatuto autonómico, los reglamentos y, para las políticas ejecutivas, los planes (CPE, arts. 297.I.3 y 92.I). Puesto que el ejercicio de las competencias concurrentes se efectúa mediante las potestades reglamentaria y ejecutiva, estas dos funciones no pueden reunirse un solo órgano de gobierno, sino que deben dividirse en dos órganos: uno normativo (y fiscalizador) y otro ejecutivo. En el marco de la independencia y separación de órganos, no pueden las autoridades de un órgano intervenir en las funciones del otro.
Los gobiernos universitarios están compuestos por dos órganos: el consejo universitario (además del facultativo y de carrera), que se supone es el órgano normativo y fiscalizador; y el rectorado (además de las decanaturas facultativas y las direcciones de carrera), que es el ejecutivo. Sin embargo, no se aplica la independencia de órganos, ya que la autoridad ejecutiva convoca y preside el órgano normativo y fiscalizador. Asimismo, el órgano normativo no solo suele ejercer atribuciones normativas y fiscalizadoras, sino también algunas ejecutivas, al ser aprobador de algunos asuntos administrativos.
Finalmente, en la composición de los cargos electos, tanto en el órgano ejecutivo como en el normativo y fiscalizador, no se cumple la paridad de género que manda la CPE. Tampoco se cumple la democracia participativa, ya que las decisiones sobre las políticas universitarias no se toman con la participación de la sociedad civil —que es la dueña de la universidad estatal— (CPE, arts. 11, 93.II, 241 y 242).
Por todo ello, tras más de una década de vigencia de la CPE actual, se hace ya tiempo de constitucionalizar la autonomía universitaria. Los organismos de control del Estado y la sociedad civil debieran conminar a ello.

PLURALIZANDO LO PÚBLICO

Carlos Bellott

Experto en organización y funcionamiento del Estado
[email protected]

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