La semilla prometedora
En Bolivia el tema de los transgénicos no es nuevo, ya hace más de una década que se producen en el país. El cultivo de soya en el oriente boliviano, es el más extendido en el uso de organismos genéticamente modificados (OMG), en un principio abierto al consumo humano y posteriormente restringido únicamente para la producción de biocombustibles.
De igual manera, es innegable la importación de productos de origen transgénico desde hace varios años atrás y que hemos estado consumiendo unos en mayor cantidad que otros. Pese a la existencia del Decreto Supremo N° 2452, cuyo objeto es reglamentar el etiquetado de productos destinados al consumo humano que procedan de la bioingeniería genética, en muchos casos no se cumple y en otros existe un desconocimiento o poca importancia de los consumidores acerca de este tipo de alimentos.
En la medida que salieron a la luz noticias vinculadas con los transgénicos, a raíz de la abreviación de procesos para su “evaluación” y posterior utilización, (DS 4232), se manifestaron empresarios, investigadores, asociaciones, activistas con posiciones a favor y en contra. Lastimosamente en la actualidad, parece que la balanza se inclina a favor de un grupo minoritario, que presiona fuertemente a los gobiernos de turno y que hoy, en el contexto de la crisis sanitaria, pretenden mostrar que las semillas transgénicas son prometedoras para reactivar la economía en la búsqueda de mayor productividad y competitividad, pero ¿a qué precio?
En total contradicción con los supuestos objetivos de soberanía alimentaria buscados, la introducción en Bolivia de semillas transgénicas (maíz, caña de azúcar, algodón, trigo, soya), implicará la generación de dependencias no solo respecto a las semillas patentadas, sino también con el paquete de pesticidas presentados por una publicidad disfrazada y engañosa proveniente de las multinacionales biogenéticas que promueven su resistencia a las plagas, su “eficacia” en la producción y el abastecimiento alimentario. Consignas que apuntan a ampliar el monopolio y control a escala global de algunas pocas empresas voraces, en detrimento de las condiciones locales de desarrollo para los agricultores tradicionales quienes no pueden competir ante la imponente hegemonía de las multinacionales que se aprovechan de gobiernos fáciles de manipular.
Este es el panorama presente, y no solamente en lo que corresponde al actual Gobierno, ya con anterioridad se divisaban políticas contrarias a la salvaguarda de la soberanía alimentaria, tan recurrentemente utilizada en términos discursivos. Lo cierto es que pese a la existencia de instrumentos legales y compromisos internacionales que restringen la producción libre de organismos genéticamente modificados, a la fecha ya se tienen aprobados dos decretos (DS 3874 y DS 4232) que flexibilizan el ingreso y el uso legal de semillas transgénicas, incluyendo sus inseparables agroquímicos, atentando así contra la salud de la población, el medioambiente, la biodiversidad genética y ecosistémica, debido al reforzamiento de los grandes monocultivos, destructores de la fertilidad del suelo, y promotores de la deforestación.
A los problemas ambientales se suman los de carácter económico local. El uso excesivo de pesticidas para la fumigación de maleza cada vez más resistente, genera una dependencia de los pequeños agricultores respecto a estos productos. En esta dinámica y dada la lógica del mercado, los productores se ven indefensos y se enfrentan a procesos de endeudamiento que conllevan al despojo de su trabajo y la búsqueda de otras fuentes de ingreso, implicando migraciones forzosas a la ciudad llegando incluso al extremo del suicidio.
Lamentablemente esto ya ha sucedido en varios de los países que han abierto sus campos a los transgénicos. En la India productores de algodón se quitaron la vida ante la insostenibilidad económica, en la Argentina proliferaron las enfermedades cancerígenas, en Paraguay se manifestó una marcada migración de campesinos hacia las periferias urbanas a causa del deterioro del suelo cultivable, y la lista de efectos nefastos es larga. Estas son solo algunas de las consecuencias de esta semilla mercantil que se pretende prolifere en Bolivia, poniendo en riesgo el futuro alimentario y con ello la vida misma.
En este contexto, es fundamental ampliar la mirada hacia enfoques más integrales y de largo plazo, buscar otras alternativas que permitan la revalorización de los ecosistemas y patrimonios territoriales locales, que permitan el fortalecimiento de una agricultura local, diversa en tipos de productos y tamaños de productores con vínculos corresponsales hacia los consumidores y que no atenten contra la salud, ni acentúen la pobreza y desigualdad solo por encontrar una salida rápida y corta a la crisis actual, que además no es una salida para todos.
Cabe reflexionar acerca de cuál será la herencia que se pretende dejar a las generaciones futuras, todavía estamos a tiempo de escuchar a todas las voces, retroceder en las decisiones inconstitucionales, pretexto de la emergencia sanitaria que solo favorece a un pequeño sector de la agroindustria, de lo contrario una vez más lo local se verá altamente amenazado, subyugado, explotado por intereses monopólicos.
ANDREA KATHERINE PÉREZ T.
Taller Colectivo ReHABITAR