Violaciones a niñas
07 de mayo de 2019 (22:17 h.)
Una avalancha de noticias sobre violencia sexual contra niñas y adolescentes se ha reflejado en los medios de comunicación en el último tiempo. Imposible no sentirse conmovida, la niñez debería ser ese hermoso período de la vida que narran los poemas, pero que está lejos de la realidad de un gran número de niñas en el país.
Esta semana, la historia de una niña de 10 años, violada por su tío. El delito se conoció, no por denuncia de la niña, sino porque su madre la llevó a un centro de salud donde se identificó que estaba embarazada.
Otra historia, de una menor de 13 años, violada por su padrastro y que actualmente enfrenta un embarazo no deseado. En Pando se hizo conocido el caso de la interrupción del embarazo de una niña de 11 años, víctima de violación, dando cumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014. También en Pando, otra niña de 11 murió por complicaciones derivadas del aborto al que la indujo su agresor de 57 años, tras haberla violado sistemáticamente desde 2018.
Y aunque conseguir información que dé cuenta de la magnitud de la problemática de la violencia sexual contra niñas es todavía un desafío, algunos esfuerzos muestran que en los primeros seis meses de 2015, se notificaron 569 casos de violencia sexual contra menores, 94 por ciento de los cuales fueron contra niñas. En 2017 se reportaron 1.324 casos de violación de niños o niñas, un promedio de tres a cuatro violaciones al día. El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ha identificado que en Bolivia se registran diariamente 246 embarazos no planificados en adolescentes menores de 18 años. Del total de estos embarazos, el 17 por ciento es producto del delito de violación; 12 niñas menores de 15 años quedan embarazadas por el delito de violación al día, estimándose un total de al menos 4.380 embarazos de niñas menores de 15 años por año.
La indignación frente a los hechos de violencia contra nuestras niñas ya no es suficiente, somos las personas adultas las responsables de asegurarles vidas libres de violencia, protegerlas y demandar a las autoridades el diseño e implementación de medidas que permitan prevenir la violencia sexual, sancionar a los perpetradores de manera ejemplar, asegurando el acceso a la justicia y medidas orientadas a reducir los efectos o secuelas en su vida futura.
Esta semana, la historia de una niña de 10 años, violada por su tío. El delito se conoció, no por denuncia de la niña, sino porque su madre la llevó a un centro de salud donde se identificó que estaba embarazada.
Otra historia, de una menor de 13 años, violada por su padrastro y que actualmente enfrenta un embarazo no deseado. En Pando se hizo conocido el caso de la interrupción del embarazo de una niña de 11 años, víctima de violación, dando cumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014. También en Pando, otra niña de 11 murió por complicaciones derivadas del aborto al que la indujo su agresor de 57 años, tras haberla violado sistemáticamente desde 2018.
Y aunque conseguir información que dé cuenta de la magnitud de la problemática de la violencia sexual contra niñas es todavía un desafío, algunos esfuerzos muestran que en los primeros seis meses de 2015, se notificaron 569 casos de violencia sexual contra menores, 94 por ciento de los cuales fueron contra niñas. En 2017 se reportaron 1.324 casos de violación de niños o niñas, un promedio de tres a cuatro violaciones al día. El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ha identificado que en Bolivia se registran diariamente 246 embarazos no planificados en adolescentes menores de 18 años. Del total de estos embarazos, el 17 por ciento es producto del delito de violación; 12 niñas menores de 15 años quedan embarazadas por el delito de violación al día, estimándose un total de al menos 4.380 embarazos de niñas menores de 15 años por año.
La indignación frente a los hechos de violencia contra nuestras niñas ya no es suficiente, somos las personas adultas las responsables de asegurarles vidas libres de violencia, protegerlas y demandar a las autoridades el diseño e implementación de medidas que permitan prevenir la violencia sexual, sancionar a los perpetradores de manera ejemplar, asegurando el acceso a la justicia y medidas orientadas a reducir los efectos o secuelas en su vida futura.