Corre la segunda mitad de julio y la alerta es apenas un rumor, una rutina que las autoridades repiten año tras año. Hace meses que no llueve en el Bosque Seco Chiquitano y sus zonas colindantes, los reportes meterológicos alertan sobre la pronta arremetida de fuertes vientos y las voces oficiales dan por “inaugurada” la época crítica de incendios forestales. Sin embargo, nadie imagina lo que viene después. 

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El chaqueo es una práctica común en el país. Se extiende entre julio y octubre. Todos los años, sin excepción. Según un informe de la Fundación Tierra, esta actividad tiene graves consecuencias para las poblaciones cercanas, pero también son afectadas los principales centro urbanos del país. Pese al daño ambiental que provocan, los propietarios de los terrenos de producción agrícola y ganadera continúan con esta práctica con el fin de incorporar nuevas tierras a su actividades económicas como para hacer rebrotar los pastizales de las estancias ganaderas.

Para estas fechas, según la coordinadora del Proyecto Incendios Forestales de la Gobernación de Santa Cruz, Yovenka Rosado, el 46% de la superficie de este departamento se encuentra en una situación de riesgo extremo frente al fuego. En tan solo trece días del séptimo mes del año tienen registrados más de mil focos de quema. Aún así, nadie imagina lo que viene después: 51 veces la superficie de la ciudad de Cochabamba arrasadas por el fuego.

“Tenemos la tarea y la misión de que Bolivia crezca económicamente, no solo en base (sic) a los recursos naturales no renovables, sino también en base al tema agropecuario”, dijo cuatro días antes el entonces presidente del Estado, Evo Morales, durante un acto que celebraba la aprobación de la modificación al Decreto Supremo 26075, sobre Tierras de Producción Forestal Permanente. La norma tenía el fin de ampliar las áreas de producción del sector ganadero y agroindustrial de los departamentos del Beni y Santa Cruz.

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Un mes después, el infierno está desatado, pero es solo el principio. Informes oficiales hablan de unos ocho mil focos de calor repartidos principalmente en la región de la Chiquitanía. En este punto se han perdido más de 700 mil hectáreas de bosques y pastizales. La Gobernación cruceña pasó, en tan solo cinco días, de declarar la alerta naranja (2 de agosto) a poner la alarma en rojo. Luego, en un devastador arranque poético, el alcalde de Roboré, Iván Quezada, resumiría la situación en tres palabras: “todo es cenizas y miedo”.

Cenizas y miedo. Seguramente, si tuvieran voz, esa también habría sido la conclusión de las cientos de especies de animales -entre insectos, aves, mamíferos y otros- que quedaron atrapados entre las llamas que se extendían por doquier. Los incendios parecen no tener fin pese a los esfuerzos de miles de efectivo militares, voluntarios y, después, helicópteros y aviones.

Un mes después de aquella alerta desapercibida por todos, el Gobierno central decide enviar dos Bambi Buckets. Seis días después el propio Morales recorrió las zonas afectadas entregando donaciones e implementos para combatir el fuego. Pero estos esfuerzos aún son insuficientes. El 22 de agosto, conforman un Gabinete Especial para combatir el desastre. Todavía no es suficiente. Anuncian la llegada de la aeronave bombera más grande del mundo, el Supertanker, y dos días después ingresa a cielo nacional. Luego vino la segunda más grande, el ruso Ilyushin, y otros tantos helicópteros de distintos tipo. Nada parece alcanzar. 

A poco más de un mes del primer llamado de alerta, el incendio en la Chiquitanía ya es todo un fenómeno mediático, nacional e internacional. Las campañas solidarias comienzan a multiplicarse, casi tan rápido como las noticias falsas. Las redes sociales se convierten en un hervidero de indignación, confrontación y desinformación. Incluso los medios comienzan a compartir imágenes de desastres en otras regiones del mundo. Muestran a caballos huyendo del fuego en España, monos cargando a sus crías entre cenizas de la India o un conejo calcinado en medio de un campo yermo californiano. Mientras, los verdaderos habitantes del Bosque Seco Chiquitano, un complejo de biodiversidad donde existen 554 especies de animales y más de 55 plantas endémicas, huyen como pueden, son rescatados por voluntarios o, tristemente, mueren en un silencioso alarido.

Pero la tragedia no terminó cuando las llamas se extinguieron. Un informe de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano avizora un panorama desolador: "se afectan las fuentes de alimento, sitios de reproducción y de refugio para toda la fauna. Al pasar la crisis de los incendios, el impacto sobre la diversidad de animales será mayor y más extendido en el tiempo".

En la previa de un duelo electoral, el Gobierno de Morales parece no estar dispuesto a mostrar debilidad. Pero, en el intento, minimiza la magnitud de un desastre que, después de los incendios forestales de 2010, es el peor que ha sufrido Bolivia. Pese a que los pedidos porque se declare desastre nacional y se convoque a la ayuda internacional, desde el Ejecutivo niegan esa opción y se justifican con tecnicismos que no acaban de convencer a una parte considerable de la población.

Entonces la tragedia que asola a la flora y fauna cruceñas toma un cariz político. Desde el oficialismo y la oposición urden tramas conspirativas y apuntan a sus adversarios. Una vez más, las redes sociales sirven para reproducir esta información y también para distorsionarla. En el terreno, aparecen y reaparecen las denuncias de incendios provocados, pese al momento crítico. Muchos bomberos que habían viajado hasta el lugar desde distintos departamentos retornan a sus regiones cargados de frustración. Denuncian a colonos, grandes propietarios de tierras e incluso a extranjeros de provocar las quemas indiscriminadas. 

Aunque es difícil culpabilizar a un solo sector y sus ambiciones corporativas, lo cierto es que, como denunciaron reiteradamente organizaciones relacionadas a la defensa de estos territorios, los incendios se concentraron en regiones asediadas desde hace años por la expansión de la frontera agroindustrial y nuevos asentamientos humanos. Un cruce de intereses en los que se cruzan factores económicos, políticos, pero también sociales. Una arremetida que se corresponde con un modelo de desarrollo económico a un alto costo medioambiental y humano.

Tal como sucedió con cuatro áreas protegidas que fueron afectadas directamente por el fuego que se extendió, a niveles descontrolados, desde julio casi hasta los primeros días de octubre. Otuquis, San Matías, Tucabaca y Ñembi Guasu, albergan no solo complejos ecosistemas únicos en el mundo, sino también a personas de pueblos indígenas no contactados, de las que no se tienen noticias hasta hoy.

Un #indígena ayoreo expresa su preocupación en #ÑembiGuasu por que no le están dando prioridad a la zoba dizque por que no hay gente, AYOREOS NO CONTACTADOS viven allí y ¡están protegidos con leyes!#Bolivia #Incendio
¡Favor de difundir!@KNaguno @violetablue007 @JhanisseVDaza pic.twitter.com/DLFt9yZGG8

— Puya Raimondi (@LilaAndrea86) September 2, 2019

Según los últimos reportes realizados desde las zonas afectadas, aún se respiran cenizas cargadas de destrucción e incertidumbre. Las llamas dejaron de acechar, pero quedan sus consecuencias: problemas respiratorios y oftalmológicos y otros vinculados al consumo de agua contaminada por la lixiviación de cenizas en los cursos y cuerpos hídricos. En números, fríos y acaso arbitrarios, se habla solo de 4,472 familias afectadas y 161 damnificadas. Ni hablar de la escasez de alimentos y sustento para los pequeños productores. Como sucedió en el pasado, dicen desde la Fundación Tierra, “las quemas también han provocado migraciones campo-ciudad entre las comunidades indígenas de las tierras bajas”.

Mientras el pánico generalizado y propagado a través de redes sociales va perdiéndose de a poco y los influencers dejan de hablar de la defensa del medioambiente para ofrecer una avalancha de productos habituales en la época navideña, el Gobierno de Transición se reunió con representantes del sector productivo (Cámara Forestal, Cámara Agropecuaria del Oriente, Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, Federación de Ganaderos de Santa Cruz) para definir la ejecución “inmediata” de un plan de reforestación, pese a las recomendaciones de expertos que indican la necesidad de una auditoría ambiental prolongada y rigurosa, para una posterior restauración del ecosistema, además de una conversación directa con comunidades y pueblos indígenas, antes que con empresarios.

En la misma línea, como si el país no hubiera vivido uno de los peores desastres de su historia, el actual ejecutivo, opositor al Movimiento Al Socialismo, decidió dar vía libre a la Ley del Plan de Uso del Suelo del Beni, el segundo departamento más golpeado por los incendios forestales durante 2019. Según organizaciones críticas a este tipo de normas, este proyecto “atenta contra las reservas naturales del departamento, priorizando las áreas agropecuarias y se aprobó sin la participación del sector indígena”.

Con ese panorama se cierra una gestión que despertó en la población una inusitada conciencia ecologista y que, seguramente, en 2020 deberá seguir alerta.