La Secretaría de Asuntos Jurídicos del municipio presentó hoy un pronunciamiento indicando que las dos primeras resoluciones sobre las órdenes de suspensión del alcalde José María Leyes fueron cumplidas mientras se encontraba detenido en el penal de San Antonio.

La secretaria de Asuntos Jurídicos, Rocío Peñaranda, explicó que en los documentos de las órdenes de suspensión no se especifica la fecha a partir de la cual corren los 30 días en los que la autoridad debe quedar fuera del cargo y sin goce de haberes.

"Por lo cual, el procedimiento (los 30 días) corre desde el día siguiente al cual fue notificado", indicó, a tiempo de señalar que Leyes fue notificado en dicho recinto penitenciario en marzo de 2019.

Sobre la tercera resolución, Peñaranda aseveró que se presentó un recurso "de acuerdo a la Ley 482, en el artículo 27, que indica que el Concejo Municipal no tiene competencia para suspender o destituir al Alcalde Municipal. Por ello, hemos sacado una conclusión amparándonos en la norma. El Alcalde puede seguir trabajando mientras no haya ningún impedimento legal".

Por su parte, el concejal Edwin Jiménez, dijo que "hay una declaración constitucional que dice que se puede sancionar administrativamente, si es que hubo procesos con suspensiones de 'sanción administrativa', y este es el caso en el que se ha procedido. Ahora las instancias correspondientes dirán si teníamos la razón o no, y si no, en todo el país ningún Concejo Municipal podrá sancionar administrativamente a ningún alcalde".

"Creo que la ciudad está en el limbo. La duda es si el Alcalde puede cumplir sus suspensiones desde la cárcel", aseveró la concejal Rocío Molina.

Las órdenes de suspensión emitida en contra de José María Leyes son tres, por la presunta compra irregular del desayuno escolar, presunta compra irregular de motocicletas y vehículos y, la última, por la adquisición de mochilas, presuntamente vulnerando las normas.