Tres nuevas leyes buscan contrarrestar los efectos de la pandemia por el coronavirus COVID-19 en el país, en beneficio de la población. Fueron promulgadas por la presidenta del Senado, Eva Copa, quien advirtió con asumir esta medida pese a que se encuentran en consulta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Se trata de las leyes para el descuento del 50% en el pago de los alquileres, regulación de la donación de plasma y la atención en clínicas privadas para pacientes COVID-19 derivados del sector público. Diferentes sectores también piden la misma atención a su demanda de devolución de los aportes de las AFP, rebaja en las pensiones escolares y dar condiciones a los estudiantes para volver a las clases virtuales, considerando que esta última continuará el próximo año.

Para Copa, “está claro con qué sector está el Gobierno” y destacó que la Asamblea, que tiene la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), escucha al pueblo y las leyes son en su beneficio, según ERBOL.

La ley de alquileres fue sancionada el 30 de julio por el Legislativo. Dispone la reducción en 50% del canon de alquiler, cuando al momento de la vigencia de la ley no se hubiere acordado entre inquilino y arrendatario un descuento o diferimiento razonable. Se aplica desde la declaración de emergencia por la pandemia, es decir, desde el 17 de marzo.

La ley de atención en clínicas fue sancionada el 8 de julio. Dispone que las clínicas privadas están obligadas a recibir a las personas derivadas del subsector público de salud sin dilaciones, pero con derecho a reembolso por parte del Estado.

En tanto que la ley de donación de plasma fue sancionada el 14 de julio. La norma regula este ámbito y señala que las empresas públicas, mixtas y estratégicas que brinden servicios a la población, podrán establecer iniciativas para fomentar la cultura de la donación.

Respecto a la consulta ante el TCP, la presidenta del Senado explicó que no corresponde porque cuando la ley es iniciativa del Legislativo, solo un parlamentario puede pedir ese recurso, según la norma.

LOS APORTES Entre tanto, las protestas por la devolución de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) persisten.

Las movilizaciones se concentran en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con crucifixiones y advertencias de inmolaciones.

"O morimos por COVID, o vamos a morir de hambre", lamentó Henry Jiménez, representante del Movimiento de Emergencia Nacional por la Devolución de los Aportes de las Administradoras de Fondo de Pensiones, según EFE.

El vocero dijo que tanto el Parlamento como el Gobierno interino del país "se hacen la burla" ante sus demandas, "sin voluntad política" para entregar a quienes lo necesiten unos fondos que no salen del Tesoro General de la Nación, sino de aportes de los pensionistas.

Mientras estos fondos sí sirven de apoyo a sectores como el bancario para que den préstamos "con nuestro propio dinero", a los particulares solo se les dice "que esperen" una respuesta a su reclamo, según el representante.

Jiménez afirmó que alrededor de un millón de trabajadores que perdieron sus empleos "no tienen qué comer", por lo que exigió a las autoridades que sean sensibles "con el hambre de la gente".

La reciente renuncia del gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Sergio Iván Flores, formalmente por motivos personales, es a juicio de este colectivo una muestra de que estos recursos se manejan con intereses políticos.

El anterior Gobierno de Evo Morales tenía previsto el paso de la administración de los fondos de pensiones de las actuales empresas privadas a una gestora estatal, pero lo postergó en varias ocasiones, la última a 2021 alegando problemas técnicos, aunque ahora se investigan posibles irregularidades en la compra del software para la entidad.

El movimiento social pide que se pueda recuperar aunque sea por entregas todos los aportes hasta los 100.000 bolivianos, unos 14.490 dólares, entre otras demandas.

LA SITUACIÓN Este tipo de reclamos también se han producido en países vecinos como Perú y Chile. En el caso chileno con la autorización de retirar el 10% de los ahorros en pensiones y en el peruano con un proyecto parlamentario aún en tramitación para que los pensionistas puedan recuperar aportes.

Bolivia alcanzó una tasa de desempleo del 11.8 % en julio, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) atribuyó a la cuarentena por la COVID-19.

El Banco Central de Bolivia prevé que la economía del país caiga este año un 6,2 %, después de que ya en el primer trimestre del año experimentara su menor crecimiento en casi dos décadas, de solo el 0.6 %.

NUEVO PROYECTO Por otro lado, Israel Quino, representante de los padres de familia de los colegios privados, citado por Urgente.bo, pidió a las autoridades no politizar el tema de la educación y anunció que presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley de al menos siete artículos que hacen referencia a la resolución del problema del pago de pensiones escolares de marzo a julio, progresividad de derechos en razón, el reconocimiento a derechos, por ejemplo, la inscripción automática, la otorgación de libretas, entre otros.

Asimismo, se refirió a las prohibiciones de los colegios como el generar certificados de deudor, en cuanto exista moras de padres de familia.

“Reiteramos a nuestras autoridades evitar politizar el derecho fundamental a la educación porque no les hace bien a los estudiantes”, comunicó en una entrevista radial.

Según Quino, si bien el derecho a la educación es de acceso público universal y gratuito en el sistema público y en el sistema de convenio, en el caso del sistema privado tiene otro tratamiento. Recordó que la situación del pago de pensiones de marzo a julio aún no está resuelta y que los padres de familia determinaron no pagar las mensualidades de esos meses porque no se habría prestado el servicio de manera completa

CLASES VIRTUALES Por otro lado, desde el MAS, su jefe de campaña, el expresidente Evo Morales, informó, citado por Urgente.bo, que se analiza dar de manera gratuita internet, cable y celulares a los estudiantes para que continúen pasando clases virtuales.

“Tenemos voluntad política y compromiso con el pueblo, por lo que estamos analizando que internet, cable y telefonía celular sean servicios básicos y gratuitos para estudiantes en Bolivia que ayuden a la inclusión educativa”, escribió en un tuit.

Esta posición surge luego que el miércoles el pleno de la Cámara de Senadores aprobara el proyecto de ley que garantiza la continuidad de la educación inicial, primaria y secundaria en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, así como de las universidades en Bolivia, a través de medios de tecnologías de telecomunicación hasta finalizada la declaratoria de cuarentena en el país en todas sus modalidades.

El proyecto de norma establece, además, que los gobiernos autónomos municipales podrán disponer los recursos destinados al desayuno escolar presupuestados para la gestión 2020 en la distribución de productos de la canasta familiar destinado a los estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio.

Con respecto a las clases virtuales, la iniciativa de norma señala que los docentes de las unidades educativas deberán informar y socializar a sus estudiantes las características, formas de contagio, contención y prevención del coronavirus.