Residentes bolivianos de más de 50 ciudades del mundo enviaron una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que canalice la disconformidad que existe respecto al Examen Periódico Universal (EPU) presentado por el ministro de Justicia, Héctor Arce, en representación del Estado Boliviano, en Ginebra, al que consideran una "verdad a medias".

"Los bolivianos en el exterior le solicitamos tenga a bien canalizar nuestra disconformidad con el Informe presentado por el Gobierno de Bolivia, para que los países representados en el Consejo de Derechos Humanos estén informados de nuestras observaciones y de la grave situación por la que atraviesa nuestro país", se lee en parte del documento.

Los firmantes lo hacen a nombre del "Cabildo Internacional de bolivianos en el Exterior", organización que está orientada a "denunciar al mundo sobre lo que está pasando en Bolivia y a solicitar el inmediato apoyo de la comunidad internacional para encontrar vías de solución democráticas".

Sobre el informe presentado por el ministro Arce, señalaron que "maquilla los hechos" y dice "verdades a medias".

"Esta apreciación, que se queda corta ante la realidad, vemos por conveniente respaldarla con comentarios y observaciones a partes de este Informe, que figuran en anexo a la presente nota", señala el documento.

Indica que si bien el Informe del Examen Periódico Universal (EPU) se circunscribe al período 2018 y primer trimestre 2019, consideran que "pierde total sentido" si no se lo hace en congruencia con lo que está pasando en Bolivia en estos días. 

"Resultaría hasta anecdótico, y de impacto a la imagen del Consejo de Derechos Humanos y sus órganos subsidiarios, que en momentos en los que en Bolivia se está viviendo una clara violación de los derechos humanos, el mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) realice un examen totalmente desfasado de la situación actual", apunta.

Los firmantes hacen referencia a algunos antecedentes que han dado paso al actual clima de conflicto que se vive en el país y apuntan a las "ambiciones de poder indefinido" del actual Gobierno, que promovió un referéndum en 2016 para modificar la Constitución Política del Estado y habilitar como candidato a Evo Morales, pero perdió.

Ante esta clara derrota y pese al compromiso formal de acatar la decisión del soberano y no postularse nuevamente, agrega, el Gobierno de Morales acudió a otra vía para lograr su nueva reelección, al Pacto de San José de Costa Rica, instrumento jurídico sobre derechos humanos del Sistema Interamericano. 

El Tribunal Constitucional de Bolivia invocando la supremacía de este Pacto frente a la Constitución, declaró la no aplicabilidad del Art. 168, dejando con esto la vía libre para una nueva postulación de Morales y su Vicepresidente, con el argumento forzado que les asistía "el derecho humano" de ser nuevamente elegidos. Esta decisión fue rechazada por la población. 

En este contexto se llevaron a cabo las elecciones generales el 20 de octubre de 2019. La noche del mismo día el conteo rápido de votos proyectó segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, pero luego de la suspensión de la transmisión de información por 23 horas, el Tribunal Supremo Electoral informó que el virtual ganador es Morales.

Estas circunstancias, señala el comunicado, han generado movilizaciones inéditas del pueblo boliviano en defensa de su voto, que enfrentadas a actos de violencia fomentados y hasta organizados por el Gobierno, están produciendo un enfrentamiento fratricida de consecuencias impredecibles.