Se asomó a una ventana enrejada. Ahí colgó sus prendas de vestir para que secara con la intensidad del sol y su mirada quedó en la plazuela San Sebastián, desde donde se escuchaba el canto de las aves. Ese trino rompió el silencio de esa zona céntrica que, antes del 10 de marzo, concentraba gran cantidad de vehículos. Después comenzaron las restricciones parciales, en Bolivia, con el fin de evitar la expansión del coronavirus, COVID-19.

Él es un privado de libertad de San Sebastián, una de las cárceles que alcanzó el 200% de hacinamiento, al igual que la de San Antonio en Cochabamba. La pandemia provocó ansiedad y temor en los reos puesto que temen contagiarse y/o que sus familias contraigan el virus.

Adriana (nombre cambiado) ingresó con una bolsa hacia la cámara de desinfección instalada en puertas de la cárcel de San Sebastián. Contó que dejó unas verduras para su esposo que está recluido hace casi un año. “Llegar al penal cada vez es más complicado. Vine caminando desde la zona sur, pero dejé muchas cosas pendientes y solo hoy tengo el permiso para salir. No lo puedo ver (a mi pareja) porque las visitas fueron restringidas por el coronavirus, pero a través de su abogado me encomendó algunas cosas porque en el penal no hay los suficientes alimentos. Está un poco desesperado porque teme por él, estando con tantas personas. Si uno enferma, todos estarían en riesgo”.

Los privados de libertad del penal de San Pedro, en la ciudad de Oruro, se amotinaron hace una semana. Exigían medidas de bioseguridad frente al coronavirus y que algunos reos sean sometidos a pruebas para descartar el virus, además de que se agilice el beneficio del indulto y amnistía. Un reo de ese penal falleció y temían que se trate de COVID-19, pero el deceso fue por un problema de pancreatitis, de acuerdo con la información que brindaron las autoridades.

Sin embargo, pedidos y pronunciamientos similares se elevaron desde los penales del país. Los reos de San Sebastián, en Cochabamba, a través de una carta que tiene como referencia “Se implora medidas por la vida de los privados de libertad” hicieron conocer sus demandas, el 30 de marzo.

La nota indica que el penal tiene 214 celdas, de no más de cuatro metros cuadrados, para más de 740 privados de libertad, además que hay otros que duermen en los pasillos y otros ambientes descubiertos. Esa situación genera dificultades en la provisión de agua, servicios de salud y acceso a una alimentación adecuada.

También expresaron su preocupación debido a que el hacinamiento podría derivar en un rápido contagio de coronavirus u otras enfermedades, situación que se agravaría considerando las condiciones precarias del acceso hospitalario y personal médico disponible puesto que tienen un solo médico para la población carcelaria.

“El peligro cada día se amplifica, por el hecho de no recibir visitas y encomiendas que nos proporcionan alimentación debido a que nuestros familiares radican, en su mayoría, en logares distantes al recinto penitenciario y nos vemos más vulnerables al contagio”, dice la carta abierta dirigida a la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez.

Finalmente, exigen agilizar los trámites para que los privados de libertad se acojan al indulto y amnistía y descongestionar el recinto penal. Entre sus propuestas, está la salida de las personas de la tercera edad, al menos con detención domiciliaria.

Sobre esos posibles beneficios, varias instituciones que defienden los derechos de las mujeres y niños víctimas de violencia, exigieron que no se considere a los reos que haya cometido violencia, feminicidio, infanticidio y violaciones.

POBLACIÓN CARCELARIA La directora de Régimen Penitenciario en Cochabamba, Pamela Suárez, indicó que se está realizando esfuerzos para atender las necesidades de los 2.447 privados de libertad que están en los siete recintos penitenciarios del departamento, cuando la capacidad de albergue no debería ser mayor a los 1.226.

Admitió que hay un hacinamiento en las cárceles, principalmente, en San Sebastián, donde hay 747 reos. Un similar panorama se registra en San Antonio porque acoge a personas que están con detención preventiva por asistencia familiar u otros delitos menores. “Son los penales donde tenemos un 200% de hacinamiento y es que los ambientes son bastante pequeños”.

Apuntó que el 80% de la población carcelaria tiene detención preventiva, es decir, solo el 20% cuenta con una sentencia.

ENFERMOS Al menos el 30% de los privados de libertad padece de alguna enfermedad. La mayoría recibe atención por diabetes, artritis y otro número más reducido por VIH, informó Suárez.

Dijo que hay ocho médicos en los siete recintos penitenciarios. El Abra, de máxima seguridad, tiene dos profesionales de medicina y el resto solo uno. Dijo que trabajan todos los días y que, a sola llamada, por alguna urgencia, debe constituirse en el penal, en cumplimiento de un instructivo. “Cuenta con la autorización de circulación y no hay motivo por el que no pueda desplazarse en una emergencia. Si el caso fuera complicado, lo trasladaríamos al hospital”.

AISLAMIENTO Los imputados que han sido enviados con detención preventiva a las diferentes cárceles, durante esta pandemia, no han sido insertados a la población carcelaria, como medida preventiva ante el coronavirus. La medida fue determinada en coordinación con la Fiscalía y Tribunal de Justicia, indicó Suárez.

Aclaró que son trasladados al Bloque C de El Abra, de alta seguridad, donde se habilitó un espacio de aislamiento para que los “nuevos” estén en vigilancia médica por 20 días con el fin de garantizar su inserción en buen estado de salud y sin síntomas de COVID-19.

Si se detectara un sospechoso lo conducirían a un hospital que tenga los equipos necesarios para su atención, pero aclaró que no se presentó ningún caso y que los privados de libertad no reciben visitas precisamente para evitar un contagio.

Acotó que solo las personas que cometieron delitos “graves” están siendo enviados a prisión para evitar aumente el hacinamiento en los penales.

MEDIDAS Una de las primeras medidas que asumieron en las cárceles fue el fumigado de los ambientes para evitar el contagio de coronavirus. Los primeros días de marzo, cuando comenzaron a notificarse casos de COVID-19 en Bolivia, las visitas debían pasar por la desinfección manual para evitar la expansión de ese virus. Después se determinó cerrar el acceso por completo y no se han registrado casos positivos o sospechosos en los recintos penitenciarios, a la fecha.

Suárez indicó que el Ministerio de Gobierno dotó termómetros digitales, barbijos, guantes y otros insumos de bioseguridad para los recintos penitenciarios. Recientemente, implementaron tres cámaras de desinfección en El Abra, San Antonio y San Sebastián (varones) e instalarán en las otras cárceles en los próximos días.

Reclamó que la Gobernación no esté destinando recursos para los privados de libertad y pidió mayor coordinación. “También me comuniqué con el Servicio Departamental de Salud (SEDES) para ver el tema de los médicos y me dijeron que vendrían, pero nunca llegaron. Esta institución al igual que la Gobernación no nos ha hecho llegar ni un solo barbijo”, aseveró Suárez.

Algunos ciudadanos y empresas solidarias han hecho llegar sus donaciones a los recintos penitenciarios. La directora de Régimen Penitenciario dijo que están haciendo énfasis en la atención alimentaria y que se está efectivizando de manera puntual.

Acotó que están realizando los trámites necesarios para agilizar el pago de la renta dignidad y canasta familiar en los centros penitenciarios.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, al mes de diciembre de 2019, en el país registraron 48 recintos carcelarios con capacidad de albergar a 6.769 personas. Sin embargo, a esa fecha, la población carcelaria estuvo compuesta por 18.208, lo cual representa un hacinamiento del 269%.