Hasta ayer, luego de tres jornadas de toma de declaraciones ampliatorias, el abogado Jhasmany T.L. involucró en su consorcio, sin presentar ni una sola prueba, a 32 personas. Entre ellas, 20 jueces, una exvocal, tres secretarios de juzgado y ocho fiscales del Ministerio Público. El juez Anticorrupción 1 de Cochabamba, Iver Gonzales, decretó ayer la reserva del caso por 10 días, en tanto se verifica si los datos proporcionados por el abogado, en algunos casos, tienen asidero.

La duda razonable surge porque en sus declaraciones se esforzó en liberar de culpa a policías y a un exvocal, pese a que existen declaraciones de sus cómplices que sí los implican a ellos en el consorcio liderado por Jhasmany. El abogado que dijo que está apurado por ser juzgado en el caso consorcio, y que se comprometió a entregar pruebas de sus acusaciones, aunque no lo ha hecho. Insiste en que espera que la Fiscalía “abra” los dos discos duros externos en los que guardaba esa información y que le secuestraron el 28 de octubre de 2018, aunque por las declaraciones de policías, dos abogadas y miembros del bufete que él dirigía, se sabe que esos dos discos duros externos fueron hurtados y reemplazados por otros vacíos por efectivos del Instituto de Investigación Técnica Científica de la Universidad Policial (Iitcup) a los que Jhasmany les pagó 1.500 dólares, según algunos de ellos ya confesaron.

Édgar Vargas, de la Organización de Víctimas de Injusticia y la Corrupción de Cochabamba (Oinvico) dijo ayer que, si bien están conscientes de que el testimonio de Jhasmany T.L. no es creíble a simple declaración y que debe ser respaldado con pruebas, consideran que la decisión de decretar reserva de las actuaciones de estos días “abre la posibilidad de que en estos 10 días se negocie retractaciones y borrones de nombres. Somos testigos de la podredumbre de la justicia boliviana todos los días y exigimos transparencia en este caso, para que todos los corruptos sean desenmascarados de una vez. Se está haciendo un mal uso de la reserva”, sostuvo.