A días de que comience la campaña electoral para los comicios generales, previstos para el 6 de septiembre próximo, la situación del postulante a la presidencia por  el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, podría complicarse, toda vez que está en curso una demanda de inhabilitación de la personería jurídica del partido azul.

A decir de la alianza del candidato Luis Fernando Camacho, Creemos, Arce Catacora cometió un delito electoral al difundir una encuesta interna en un canal de televisión. Similar posición tiene el diputado por Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterios.

El argumento de los demandantes es que Arce Catacora, al dar a conocer los resultados de una encuesta interna, vulneró los artículos 135 y 136 de la Ley 026. El primero prohíbe la difusión de artículos cuando “sean anónimos” y también cuando “hayan sido realizados por organizaciones políticas o candidatos”, mientras que el parágrafo III del segundo dice: “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

Los demandantes argumentan que el caso del candidato del MAS es similar al que sucedió en 2015 en Beni con UD, cuando el Órgano Electoral inhabilitó al entonces candidato a la Gobernación Ernesto Suárez y a más de 200 postulantes en las elecciones subnacionales, porque su vocero oficial difundió resultados de un sondeo interno de esa organización.

Ante este hecho, el MAS argumenta que son situaciones diferentes y que no hubo “premeditación” en la difusión de Arce Catacora, sino que simplemente contestó algunas preguntas del periodista que lo entrevistaba. Los otros partidos políticos en carrera electoral coinciden en que el exministro de Economía y Finanzas incumplió esos dos artículos, por tanto, debe ser inhabilitado.

Frente a ese panorama, será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que, luego de un análisis de las normativas y tomando en cuenta los antecedentes y pruebas de cargo y descargo, tendrá que definir si el MAS infringió las leyes o no.

Esta será una verdadera prueba de fuego para el Tribunal Supremo Electoral que hoy está en el ojo de la tormenta porque, pese a los pedidos de varias organizaciones políticas y sociales para que se posterguen las elecciones del 6 de septiembre para prevenir un posible contagio masivo del coronavirus, la institución avanza en el cumplimiento del calendario electoral.

Salvador Romero, como presidente del TSE, y los otros vocales electorales  tendrán que actuar en estricto apego a la ley y demostrar que su accionar está al margen de cualquier interés político partidario. Solo de esta manera, se podrá garantizar la transparencia en el manejo y administración de los comicios nacionales.

Fallo

Salvador Romero y los otros vocales tendrán que actuar en estricto apego a la ley y demostrar que su accionar está al margen de cualquier interés.