Procesos a los agresores sexuales de menores duran hasta cinco años
Existen al menos tres dificultades que las víctimas de la violencia sexual infantil en Cochabamba enfrentan cuando deciden “romper el silencio”: les espera un proceso contra su agresor que puede prolongarse por más de cinco años, son evaluadas por médicos forenses que no son especialistas y acuden a juicios orales en los que exponen su integridad física.
Esas son solo algunas falencias que la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), con sede en el departamento, identificó y las denunció ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Según la abogada de FUBE María del Carmen Arispe, la CIDH recomendó al Gobierno boliviano que trabaje con instituciones como esa fundación al momento de abordar normativas referidas al abuso sexual infantil en Bolivia. No obstante, las autoridades nacionales no acataron la instrucción por lo que, según Arispe, existe la posibilidad de que sean sancionadas.
DETALLES
Para entrar en detalle sobre la demora de los procesos, María del Carmen Arispe puntualizó que estos se pueden prolongar hasta tres o cinco años. Durante ese tiempo, las víctimas y sus familias deben de peregrinar por diferentes instituciones.
“Mientras (el menor de edad abusado) no reciba justicia, su vida está paralizada, porque debe de estar al pendiente de su agresor”.
FUBE solicita que, para este tipo de casos, haya una normativa especial que acelere el proceso y frene las reiteradas ocasiones en las que los menores de edad deben de contar en detalle cómo los violaron.
ESPECIALIDAD
Una segunda debilidad que identificó FUBE es la falta de especialidad de los médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Explicó que los médicos forenses dispuestos por el Estado son generales y atienden, desde una autopsia a una cadáver, hasta una violación a menor de edad. En su criterio, estos profesionales deberían tener estudios en ginecología pediátrica, por ejemplo, debido a que los informes que emiten luego de valorar a los niños abusados se constituyen en el elemento más importante al momento de denunciar a los presuntos agresores.
Puntualizó que, últimamente, una de las mayores dificultades que tienen son los “mitos” que existen sobre las agresiones sexuales. Y es que, si bien “las niñas refieren que hubo penetración (cuando fueron ultrajadas), no se considera que ellas pueden tener un himen elástico, por lo que puede ser que no hayan secuelas físicas que demuestren que hubo violencia sexual”.
Los médicos forenses generales que tiene el IDIF, en esos casos, apartan la versión de la niña e informan que no presenta secuelas de una violación. Si se dispondría forenses especializados, tomarían en cuenta la versión de la menor y no descartarían que tiene un himen elástico (significa que la membrana que recubre la vagina puede ser penetrada sin provocar un desgaste del himen).
Pero, como los profesionales del IDIF informan que “no hubo ruptura de himen, concluyen que solo fue un abuso sexual, por lo que las autoridades establecen penas menores”, añadió la abogada de FUBE. Esto es ventajoso para la defensa del agresor porque plantea el cambio del tipo penal.
NECESIDADES
Un tercer elemento que FUBE identificó es que en el marco de los juicios orales, los menores de edad ultrajados casi se codean con los familiares de los agresores, quienes las agreden verbalmente llamándolos mentirosos o diciéndoles insultos. “No hay resguardo de su integridad física”.
A eso se suma que en las instancias donde se llevan adelante los juicios orales no hay baños, un espacio primordial para las víctimas, porque, al ser menores de edad, a veces no pueden contener sus ganas de hacer sus necesidades.
FUBE anunció que insistirá al Gobierno para que considere asumir acciones respecto a estas debilidades encontradas en el marco de los procesos en contra de los agresores sexuales de niños.
Provincia
Las víctimas de violaciones en provincias no tienen a disposición a médicos forenses en sus jurisdicciones.
5 Médicos
La Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE) informó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) solo dispone cinco médicos para atender todos los casos del departamento.