El reconocimiento del carácter laico del Estado Plurinacional fue una conquista para la sociedad civil que se tradujo en su incorporación en la Constitución Política del Estado. La separación de la religión de los asuntos del Estado, la seguridad de que nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas se respetarán sin importar su creencia religiosa; pero que tampoco se basarán en las de quienes estén coyunturalmente ostentando el poder político, es una característica de los Estados contemporáneos. En síntesis, la no injerencia de las religiones en asuntos de políticas públicas. Este principio nos asegura la posibilidad de expresar nuestra religiosidad, ejercer el derecho a la libertad de religión y practicar nuestras creencias de manera libre.

El proceso electoral del 2019, como fue denunciado en columnas anteriores, estuvo fuertemente impregnado de discursos religiosos, que inclusive expresaban desprecio de los derechos humanos de mujeres y de las personas de diversidades sexuales. El uso arbitrario y abusivo de símbolos de determinadas religiones en las campañas, fue constante, sin la oportuna intervención del Tribunal Supremo Electoral. Las organizaciones políticas se enteraron que usar unos cuantos aleluyas, plegarias y bendiciones, entre las escuálidas propuestas programáticas, podrían redituar en el incremento de los votos, poniendo en riesgo la conquista del estado laico.

Posteriormente, el ingreso de la Biblia al Palacio de gobierno, el uso de controversiales gigantografías con mensajes religiosos al inicio de la campaña electoral este año, y en el nuevo contexto de COVID -19, procesiones de símbolos religiosos por las calles, escoltadas por efectivos policiales o militares (a pesar de las restricciones de movilización en cuarentena), las bendiciones aéreas con recursos públicos, convocatoria al ayuno y la oración, entre otras muchas, son claras señales del interés (parece común) de mezclar nuevamente los asuntos políticos y los religiosos.

Lo preocupante está en los efectos que, estos intentos de retornar a antiguos esquemas, pueden tener en las políticas públicas, sobre todo aquellas que tienen que ver con los derechos de mujeres, niñas y personas de diversidades sexuales; en las políticas educativas, en la vigencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos; el acceso a información y servicios de anticoncepción, interrupción legal del embarazo en los casos previsto por las normas nacionales, la educación integral en sexualidad, la prevención de la violencia, particularmente la violencia sexual contra niños, niñas y mujeres, la prevención de los embarazos no deseados, más aún en estos tiempos tan extraños en los que pareciera que los derechos humanos se hubieran suspendido.