Una de las peticiones más importantes en la Cumbre Social de enero pasado fue la aprobación de una nueva Ley de Participación y Control Social, que reemplace a Ley de Participación Popular. Los sectores sociales piden el derecho a ejercer la fiscalización de la gestión social y el manejo de recursos económicos en diversas instancias. Consideran inadecuados los actuales mecanismos para fiscalizar y participar en el accionar de las instituciones públicas. El principal pedido fue la anulación de los Comités de Vigilancia, que es la principal institución que tiene la ciudadanía para el ejercicio del control social en los municipios. Estos Comités fueron creados con la Ley 1551 de Participación Popular, de 20 de abril de 1994.

Las organizaciones sociales cuestionan a los comités de vigilancia porque están conformados solamente por representantes de las organizaciones territoriales de base (OTB).

También critican el mal desempeño de sus funciones, la manipulación política y la poca representatividad que tienen en la sociedad civil.

Hernando Ureña, exvicepresidente del Comité de Vigilancia, considera que los pedidos de anulación son injustos y responden a un interés político de parte de algunos sectores sociales. 

La Federación de Asociaciones Departamentales de Comités de Vigilancia emitió un comunicado exigiendo la vigencia del Decreto 24447 y la Ley Marco de Autonomías para que se construya la norma de participación y control social en las cartas orgánicas y estatutos autonómicos. También pidió una audiencia con el presidente Evo Morales y amenazó con medidas de presión si se vulnera a los comités de vigilancia.

El acto de posesión del nuevo Comité de Vigilancia de Cochabamba fue el 1 de febrero, donde se ratificó su continuidad.

El presidente del Comité de Vigilancia, Julio Zambrana, asegura que gracias al Comité se logró la ejecución de obras estancadas. Según Ureña, la labor de fiscalización de los comités de vigilancia es muy importante para la ejecución de los recursos presupuestarios del municipio. "Como representante del distrito 11 hemos podido generar un plan quinquenal, que se va cumpliendo”, destaca.

El 2010, por el cambio de gestión del exalcalde Gonzalo Terceros y la entrada del alcalde Edwin Castellanos se generó un vacío económico, lo que causó varias deudas que el municipio no reconocía. “Por suerte pudimos hacer que estas deudas se reconozcan y estén en los distritos. Más de Bs 46 millones se ha podido invertir en los planes operativos anuales de cada distrito", finaliza Ureña.