Mientras los casos del mortal coronavirus suben en Cochabamba, en los últimos días apareció un grupo de personas que pertenecen a Acción Humanista Revolucionaria (AUR) que cuestiona la existencia del virus y propone dejar de usar el barbijo, uno de los artículos básicos para protegerse y evitar el contagio.

Pero, ese grupo no solo está usando algunos espacios públicos para dar a conocer su punto de vista sobre la COVID-19, sino que el martes dieron un paso más peligroso y decidieron quemar los tapabocas en la plaza Bolívar en Quillacollo.

 Esa manifestación de protesta la realizaron ante la mirada de decenas de transeúntes que no entendían lo que pasaba. Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades nacionales, municipales y departamentales, así como otras organizaciones que se sumaron al trabajo para frenar la propagación del coronavirus, se esfuerzan en promover el uso del barbijos, otros simplemente decidieron quemarlo argumentando que no es necesario llevarlo porque “confían en la respuesta de su cuerpo”.

¿Qué está pasando con esas personas? ¿Cómo es posible tanta irresponsabilidad frente al mortal virus? Desde que aparecieron los casos de COVID-19 en el mundo, la OMS viene pidiendo a los países que implementen las medidas de bioseguridad que son el uso de barbijo, lavarse constantemente las manos, usar alcohol para desinfectarse y conservar el distanciamiento social de al menos un metro y medio entre una persona y otra. En el país, desde el 10 de marzo que se conocieron los dos primeros contagios, también hay un llamado permanente de ser responsables con el cuidado para evitar la propagación del letal virus.

Las autoridades municipales de Quillacollo han informado que cuatro activistas de AUR  fueron identificados y anunciaron que se inició un proceso penal, porque ese tipo de actos atentan contra la salud y la vida de los cochabambinos.

El artículo 216 del Código Penal señala que las personas que cometan delitos contra la salud pública, es el caso de quienes quemaron los barbijos en Quillacollo y convocaron a no usarlos, serán sancionados con una pena de privación de libertad de uno a 10 años, dependiendo de la gravedad.

La norma es clara. Es momento de que las autoridades se encarguen de hacer las denuncias, seguirlas y exigir que después de las investigaciones, los culpables sean sancionados. Estamos acostumbrados a ver que se anuncian procesos solo para calmar los ánimos cuando ocurren los hechos irregulares, pero luego todo queda en el olvido. ¡Basta de impunidad!.

Hay ciudadanos identificados en la quema de barbijos; ahora esperemos que la Fiscalía actúe, incluso de oficio, porque se trata de un caso que pone en riesgo la salud y la vida, sobre todo, en estos momentos en que el rebrote está latente en Cochabamba y el resto del país.