El nepotismo parece haberse incrustado en la gestión de Luis Arce Catacora, a menos de un mes de haber asumido la presidencia de Bolivia. El primer ministro destituido por esa causa es Wilson Cáceres, quien hasta el martes en la mañana estaba  a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Fue apartado del Ejecutivo porque nombró como jefa de Gabinete a su expareja y esta, a su vez, contrató a familiares y allegados. Aprovechó el alto puesto que desempeñaba para  favorecer a su entorno más cercano. Se presume que lo hizo con el aval de Cáceres. 

La reacción del presidente Arce frente a esos hechos, sumado a otros factores éticos, fue oportuna y radical: alejó del Ministerio a la cuestionada y observada exautoridad que no actuó de forma clara y transparente en los 21 días que ejerció esa cartera de Estado.

Los bolivianos están cansados de tener algunas autoridades de los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal que aprovechan el cargo para manejar las instituciones como si fuera su negocio particular y contratan a familiares o amigos para ejercer cargos jerárquicos.

Lamentablemente esa práctica se ha convertido en algo “normal”, pese a que va contra la ética, la moral y las leyes.

La figura de nepotismo está plasmada en tres normas: Constitución Política del Estado (CPE), Ley del Funcionario Público y el Código Penal. El artículos 36 de la CPE en su inciso 3, establece que es una prohibición para el ejercicio de la función pública nombrar (en cargos) a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El caso del exministro Cáceres, aparentemente, no sería el único. En las últimas horas se conocieron otras denuncias que involucran a otros ministros del gabinete de Arce.

La jefa de bancada y senadora de  Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, denunció que la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Patricia Navia Tejada, designó a dos familiares en cargos jerárquicos. También se informó que el ministro de Salud, Edgar Pozo, habría nombrado a su hijo como jefe Jurídico en la Caja Nacional de Salud (CNS).

Las denuncias también involucran al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien, supuestamente, colocó a su esposa en la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.

Esas denuncias deben ser investigadas de forma inmediata para corregir, sancionar a los responsables y evitar que ocurran en otras reparticiones de Estado.

Es coherente el anuncio que realizó un diputado del MAS de pedir un informe escrito a todos ministerios sobre esta situación para alejar sobre la marcha a quienes favorecieron y se favorecieron de un cargo. El gobierno debe ser intolerante con el nepotismo y la mentira. 

Investigación

El presidente Luis Arce Catacora debe instruir una investigación inmediata sobre las denuncias de nepotismo y asumir acciones.