Una emboscada a un grupo de efectivos de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (Umopar), ocurrida la noche del jueves en Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, muestra que la actividad del narcotráfico continua, como si nada pasará en Bolivia y el mundo.

Llama la atención que este incidente se haya reportado cuando Bolivia está en plena cuarentena para frenar la propagación del coronavirus.

Tras los hechos, el Gobierno activó dos operativos para dar con los autores, uno en la noche del jueves y otro en la madrugada del viernes, según datos del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Trece personas, 10 hombres y 3 mujeres, fueron detenidas. Además, secuestraron cinco vehículos y se destruyó una fábrica de cocaína en la que se encontró 37 kilos droga.

La lucha contra el narcotráfico debe ser frontal y sin tregua. Los narcotraficantes aparentemente no han dejado de lado su ilícita labor y, más al contrario, continúan operando, sin temor a nada ni a nadie.

Murillo acusó a dirigentes cocaleros y narcotraficantes de ejercer intimidación sobre pobladores, para incluso usar la ayuda humanitaria con productos del Trópico para transportar precursores en los camiones.

Asimismo, sin pelos en la lengua, dijo que los vehículos circulaban con permisos que no fueron otorgados por el Gobierno, sino por otra institución ligada al MAS. 

Dirigentes del Movimiento Al Socialismo señalaron que detrás de las declaraciones del Ministro hay “persecución política”, ante la incapacidad del Gobierno de atender la crisis sanitaria por el coronavirus.

Nadie puede negar que un porcentaje de la producción de coca del Chapare es destinado a la producción de droga, sin embargo, las acusaciones de la autoridad de Gobierno en contra de los cocaleros que enviaron fruta a la ciudad para entregar a familias pobres y luego ingresar precursores al Trópico, son preocupantes y deben ser las autoridades quienes demuestren en un proceso tal hecho. 

Se sabe que desde octubre del año pasado, la Policía fue expulsada del Trópico y recién volvió la semana pasada, por lo que, según las autoridades gubernamentales, ese hecho habría sido aprovechado por los narcotraficantes para realizar el negocio ilícito “sin problemas”.

Es bueno recordar que el 22 de agosto del año pasado, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Thierry Rostan, dijo que las plantaciones de coca siguen por encima del tope máximo de 22.000 hectáreas fijado en la ley General de la Coca de 2017. Este dato corrobora que gran parte de la hoja milenaria sigue siendo cultiva para el narcotráfico.