El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se encuentra en el ojo de la tormenta, y no es para menos, ya que en las últimas horas acusó falsamente a una mujer de haber raptado a la bebé Samanta de apenas seis meses en La Paz.

En una conferencia de prensa, muy a su estilo, presentó la fotografía de la presunta acusada; es más, reveló el nombre y lugar donde vivía, un dato altamente delicado que solo le competía conocer a la Policía. Pero, no imaginó que la mujer aludida se presentaría de manera voluntaria en la Policía, el jueves, para demostrar su inocencia y emplazar al Ministro a pedirle disculpas públicas por el daño que le estaba ocasionando a ella y a sus seis hijos.

Murillo, a través de un comunicado, se disculpó y echó la culpa a las personas que dieron datos para elaborar el identikit y al personal policial que lo elaboró. Además calificó el hecho como un impasse, como si acusar a alguien y compartir su imagen en las redes, sin tener las pruebas suficientes, no fuera también un delito.

Nadie puede negar que el rapto de una pequeña genera empatía con la población que, de alguna manera, presiona a las autoridades a que actúen de forma inmediata para que sea encontrado, en el menor tiempo posible, el autor o autora. Pero ello no significa, que la autoridad acuse a cualquiera y difunda su imagen en las redes sociales, más si no está cien por ciento seguro. Un error podía acabar con la vida de la mujer y de toda su familia.

La historia de Samanta y de su joven madre de apenas 19 años mantiene a toda Bolivia en alerta, sin embargo, no existe justificación alguna para que el Ministro haya actuado de forma apresurada al mostrar la cara y el nombre de otra madre que tiene hijos y un esposo que hoy está en terapia intensiva de un hospital de La Paz.

¿Qué motivó a Murillo a salir con esa información? ¿Será que pensó que podría ganar puntos o hacer campaña política con un tema tan delicado? Lo cierto es que se equivocó completamente y generó malestar en parte de la sociedad que a través de las redes cuestionó la gestión no solo de la autoridad aludida, sino también el de la presidenta candidata Jeanine Áñez.

Las disculpas fueron dadas, pero no aceptadas por la víctima de ese grave “error”, quien ahora amenaza con hacer huelga con sus seis hijos frente a Palacio, acudir a estrados judiciales dentro y fuera del país. Pero no solo eso, también ha pedido al Ministro que le dé una vivienda, ya que por su “metida de pata”, la dueña de la casa donde estaba como inquilina, al enterarse que estaba acusada de raptar a una bebé, la echó a la calle.