La tensión va en aumento en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, departamentos en los que se han originado puntos de bloqueos a fin de exigir un doble pedido: que se flexibilice la cuarentena obligatoria y que se fije la fecha de las elecciones generales cuanto antes.

Mientras que el panorama persiste, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, elevó la voz para asegurar que ni él ni otras autoridades oficialistas entrarán en el “juego de la violencia” y que los manifestantes opositores son quienes se han acostumbrado a “buscar decesos”. Aseguró, así, que él se ha enfilado detrás del diálogo y que agotará dicha instancia.  “Primero estamos agotando el diálogo y ello está dando resultado porque en varios lugares bajaron muchísimo los conflictos. Creemos en la pacificación del país. Ellos están acostumbrados a buscar heridos y muertos. Quieren que metamos a la Policía para hacer lo que hicieron el año pasado: matar a un compañero y echarnos la culpa a nosotros”, puntualizó, para luego acusar que los manifestantes forman parte de “movimientos sociales de gente que se mueve por plata”.

Por su parte, el ministro de Trabajo y delegado presidencial en Cochabamba, Oscar Mercado, mostró una postura distinta y advirtió que no contempla posibilidad de conversación con señales de tinte político. Ordenó que los manifestantes de K’ara K’ara levanten sus medidas de manera presurosa. “No vamos a conversar temas de orden político en medio de una crisis sanitaria. Así que, tal como iniciaron el bloqueo, que lo suspendan de inmediato”.

Los conflictos son la constante. En Yapacaní, el Transporte Pesado Internacional denunció que los bloqueadores “evitan la venta de comida y agua a los conductores de los camiones que se encuentran estancados en el sector”.

"Eso nos llama mucho la atención porque parece ser una medida política más que una reivindicación social", afirmó el dirigente Marcelo Cruz según ABI, con relación a la supuesta actitud que han tomado algunas personas apostadas en el sitio.

Por su parte, organizaciones sociales paceñas han exigido que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fije cuanto antes la fecha de las elecciones. 

“Lo único que le queda a este Gobierno transitorio es que, a través de su Órgano Electoral a la cabeza de Salvador Romero, nos diga el día de las elecciones que se va a plantear, pero ya de manera formal. De lo contrario, ellos van a ser responsables de las acciones a tomar del pueblo en su conjunto”, advirtió Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), de acuerdo con ERBOL.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), mayoría en la Asamblea Legislativa, aprobó una ley que otorga 90 días, a partir del 3 de este mes, para realizar los comicios. Sin embargo, la norma ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra.

En K’ara K’ara también se mantiene la determinación, que se prolonga desde hace una semana.