El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, indicó con base en un informe de Transparencia y AISEM, que no se halló ninguna irregularidad ni sobreprecio en la adquisición de 672.000 pruebas PCR para COVID-19, como lo aseguró la anterior semana la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia.

“Ya he recibido el informe de Transparencia y de la AISEM, y no existe ninguna irregularidad o ilegalidad jurídica, ni tampoco un sobreprecio en esto (porque) habían propuestas mucho más altas”, señaló Coimbra este domingo al programa Asuntos Centrales.

Óscar Toledo, presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, aseguró la anterior semana que el Gobierno boliviano compró pruebas PCR de una empresa china con un supuesto sobreprecio de Bs 25 millones, que fue la diferencia de lo ofertado por un laboratorio de Uruguay.

Coimbra informó que Transparencia, dependiente de esta cartera de Estado, y la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) hicieron una revisión al proceso de contratación de la empresa proveedora y el informe final da cuenta que al proceso de licitación se presentaron 13 empresas, de las cuales quedaron ocho, entre ellas la empresa uruguaya. 

Detalló que la firma uruguaya fue descartada posteriormente por no cumplir con los requisitos para poder vender esos insumos, pues las pruebas que ofertaba no contaban con la certificación de la Federal Drug Agency (FDA), de Estados Unidos, ni del Conformité Européenne (CE), de la Unión Europea, solo tenía la certificación de su Gobierno, que no es reconocida aún por la Organización Mundial/Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

“Vamos a presentar este informe en las próximas horas a la Presidencia para establecer de manera clara que no hubo irregularidades en el proceso de contratación”, dijo Coimbra.