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Medidas urgentes para proteger a niños, niñas, adolescentes y mujeres

Opinión Bolivia | 14 de julio de 2019

Las instituciones defensoras de los derechos humanos aportan con ideas para acabar con la revictimización y garantizar que los culpables de delitos contra las personas cumplan su sentencia judicial.


Bolivia ha logrado importantes avances en la legislación para cumplir los mandatos de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, las normas son insuficientes para proteger a niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Por esto, las organizaciones defensoras de derechos humanos como la Oficina Jurídica para la Mujer, la Fundación Una Brisa de Esperanza, (FUBE), Misión Internacional de Justicia, Mujeres Creando, la Defensoría del Pueblo y la Fundación Construir plantean ideas y acciones urgentes, para dar celeridad en los procesos penales y principalmente piden prevenir efectivamente la violencia.

1. El Estado debe contar con políticas de captura y recaptura de imputados, de rebeldes y de prófugos de la justicia.

2. Establecer las instituciones que deben cumplir esa misión y asignar suficientes recursos.

3. Suscribir convenios bilaterales con países vecinos para que los fugitivos sean repatriados y respondan ante la Justicia.

3. Se debe contar con una base de datos, de acceso público, de todos los agresores de abuso sexual que tienen sentencias en primera instancia.

4. Implementar el proyecto de manillas electrónicas para los imputados que se benefician con medidas sustitutivas a la detención preventiva. También aplicar el botón de pánico para las mujeres en riesgo, en todo el país.

5. Declarar al abuso sexual “delito de lesa humanidad”.

6. Los abusos sexuales deben ser delitos imprescriptibles. Ahora solo se pueden denunciar hasta cuatro años después de cumplir la mayoría de edad.

7. Procedimiento especial que dé celeridad al proceso penal por violencia sexual y que se restituyan los derechos de la víctima de manera inmediata.

Que el Estado procure procedimientos rápidos con acceso a la Justicia de manera pronta, oportuna, eficaz y gratuita en todos los procesos de delitos contra la libertad sexual donde se encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes.

8. Que la víctima pueda presentar su denuncia en el lugar de su residencia, aunque el hecho haya sucedido en otro lugar. Hoy, la víctima tiene que trasladarse hasta el sitio donde se cometió el ilícito.

9. Cuando el agresor es miembro de la familia, que se saque de ese espacio al sospechoso y no a la víctima, que a veces es exiliada a un albergue, a "título de protección".

10. Que no se necesite un escrito de abogado para pedir la toma de muestras de violación en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

11. Que las pruebas se colecten correctamente a pedido de la víctima y luego los peritos las analicen de acuerdo al delito.

12. Que se cumpla la debida diligencia de parte de la Fiscalía y Policía para que los procesos no se dilaten o que el juicio se caiga, porque la investigación no fue eficiente o hay observaciones la recolección de la prueba o fundamentación del proceso penal.

13. Que se cumplan estrictamente los protocolos para la recolección y almacenamiento de pruebas, porque no se cumplen los estándares. El Estado, al incumplir su rol a través del IDIF presenta juicios que no son bien fundados, se caen y esto va en detrimento de víctimas. Va en contra de las garantías del debido proceso que señalan las leyes.

14. La debida diligencia implica que el Estado garantice un plazo razonable para la consecución del proceso, considerando igualdad de armas, de manera que ambas partes puedan solicitar pruebas para el proceso judicial. Que las audiencias no se suspendan y las víctimas queden pendientes de que el encausado no salga y que el proceso avance. Se exige certidumbre de que el proceso judicial avance, que se demuestren los hechos denunciados y que la víctima acceda al proceso de reparación psicológica y asistencia judicial legal que le corresponde.

15. Si los sospechosos son autoridades, a sola imputación deberían ser suspendidos de su cargo, para que no tengan privilegios ni haya tráfico de influencias.

16. Que los agresores de niños, niñas, adolescentes y de mujeres sean detenidos con la primera sentencia y apelen, si se da el caso, desde la cárcel. Las cautelares de detención preventiva salvan vidas, tratándose de violencia.

Un profesor violó a una adolescente y obtuvo detención domiciliaria. La familia del agresor le hizo escapar al Chapare y empezó a trabar allí. Luego se llevó a sus dos hijas mujeres y, cinco años después, las hijas vuelven a La Paz y avisan a su madre que su padre las había estado violando durante cuatro años. Eso se podía haber detenido en La Paz si se mantenía la detención preventiva.

17. Elaborar un reglamento para que el dinero de las fianzas se emplee en capturar a rebeldes y prófugos de la justicia, así como para el resarcimiento económico de la víctima.

18. Asignar responsables del control de detenciones domiciliarias, firma de libros, órdenes d alejamiento y otros para liberar de esta responsabilidad a las víctimas y a familiares.

19. Misión Internacional de Justicia propone que cada abogado en cada departamento lleve adelante un caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes de forma gratuita. Así se cubrirían todas las denuncias que se presentan e impulsarían los procesos con todo el profesionalismo que merecen las víctimas. Las mamás ya no tendrían que ser las procuradoras de los casos, sino que el abogado haría la presentación del memorial, el seguimiento, la coordinación de los actos investigativos y el control de las notificaciones. Ese acompañamiento aseguraría que todos los casos lleguen a sentencia. Algunas mamás se acobardan porque es mucho tiempo en tribunales, en seguimiento, en fiscalía, policía y otros. Es más difícil que alguien pueda pedirle dinero al abogado que a la mamá.

20. Mejorar la organización de la documentación, archivos, y de todo lo que necesita un juez para llevar adelante un proceso, avanzar en las investigaciones y notificaciones. Además, que garanticen que no se extravíe ningún documento ni prueba y se registren los datos completos y con absoluta precisión. La ley 1173 de Abreviación Procesal, que regirá desde octubre próximo, ha establecido la creación de oficinas gestoras de procesos y se espera que respondan a esta necesidad.

21. El control jurisdiccional dice que el juez debe saber cuántos casos están llegando a su juzgado y darles seguimiento. Misión de Justicia Internacional ofrece un programa de computación con un sistema de alarmas para casos que están por vencer. El juez verifica si los casos están al día, cuántos están pendientes sin imputación, etc.

22. La abogada Marisol Quiroga, de la Fundación Construir, plantea que se aprehenda al sospechoso de abuso sexual en cuanto se tenga la denuncia, aún cuando ésta haya sido hecha años después de la agresión,puesto que las víctimas difícilmente rompen el silencio ya que generalmente están amenazadas.

Hoy, después de largos trámites, el presunto agresor solo recibe una citación y es la señal de alerta para que escape.

23. Crear casas de acogida para víctimas de violencia sexual e intrafamiliar que tengan más de 18 años. En los albergues e internados, al cumplir la mayoría de edad, las expulsan y ellas aún no pueden defenderse solas.

24. Que los investigadores de la Policía verifiquen el domicilio y el lugar de trabajo señalado por el imputado de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Se dan muchos casos de direcciones falsas, de empresas inexistentes o de documentos fraguados que pasan desapercibidos en los juzgados, porque se los presenta directamente en la audiencia.

25. Que jueces y fiscales eviten comentarios denigrantes. Que reconozcan la valentía de las víctimas que confían en el sistema judicial y crean en las pruebas y sus testimonios. Algunos jueces y fiscales tienen que ver emocionalmente destrozadas a las víctimas para pensar que es cierta la denuncia. No entienden que en todo el proceso, de unos tres años, la persona se ha fortalecido y se ha llegado a empoderar.

Una adolescente víctima de violencia sexual fue citada a declarar en un juicio en Tribunal de El Alto. Las autoridades preguntaban a la psicóloga si creía que le había pasado. “Para mi es una teatrera, exagera. No creo que sea cierto”, comentaban. Jueces y fiscales deberían tener conocimiento profundo de cómo la violencia sexual impacta en la vida de la víctima y sus familias y lo complejo que es para ellas romper el silencio y salir adelante.

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