El hacinamiento de las cárceles bolivianas es un problema que ningún gobierno ha tenido la voluntad de resolver son seriedad y de manera integral. Es por demás conocido que la sobrepoblación de las cárceles tiene que ver con la creación irresponsable y demagógica de figuras penales como respuesta a los problemas sociales, económicos y políticos, y sin contar con la estructura institucional suficiente y eficiente para atender los requerimientos de quienes acuden a tribunales con la expectativa de encontrar respuesta a sus demandas, generando cada vez mayor retardación de justicia y el consiguiente malestar y frustración en la población litigante.

La sobrepoblación carcelaria constituye también un excelente recurso político para que los gobiernos jueguen a buenos y una o dos veces al año dicten medidas de amnistía e indulto, previo montaje de toda una parafernalia en la que fiscales, jueces y abogados defensores son parte del espectáculo que abre expectativas en personas angustiadas que ven pasar los días, meses y años desde que fueron depositados en esa especie de botaderos humanos sin tener una respuesta definitiva del sistema. Por otra parte, las personas que resultan víctimas de los ilícitos deambulan de un lugar a otro sin que a nadie le importe las penurias que atraviesan para que la pesada maquinaria se mueva.

En estos días muchas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres denuncian que han sido beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva acusados de delitos muy graves como feminicidios, infanticidios, violaciones sexuales y otros, cuyos trámites hubieran excedido los plazos que establece la ley. Es ahí donde encontramos las maniobras perversas de la justicia porque, los/as jueces, dependiendo del humor con el que se encuentran u otros factores que inciden en sus decisiones, con mucha facilidad disponen detenciones preventivas contra imputados/as, incluso por delitos de bagatela que bien podrían tramitarse con los presuntos autores en libertad, sin necesidad de llenar las cárceles con presos sin sentencia, reservando la medida extrema para delitos muy graves como los mencionados. Por otro lado, crímenes que deben ser juzgados con carácter prioritario son prolongados en su trámite y ocasionan que los autores demanden y obtengan la cesación de su detención preventiva para luego darse a la fuga, quedando el delito en la impunidad. Es en estas maniobras perversas de la administración de justicia que las defensoras de derechos humanos de las mujeres se ven ante la disyuntiva de resistirse a la aplicación de la ley o dejar que esta sea usada para asegurar la impunidad.

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JULIETA MONTAÑO S.

Abogada y directora de la OJM

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