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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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EL PROYECTO QUE FUE APROBADO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ESTA SEMANA, DEFINE CUATRO TIPOS DE ENTIDADES PÚBLICAS

Ley de Empresas públicas fija arbitraje con leyes bolivianas

Ley de Empresas públicas fija arbitraje con leyes bolivianas



Las empresas públicas podrán suscribir contratos para establecer alianzas estratégicas de inversión conjunta con compañías públicas o privadas, constituidas en Bolivia o en el extranjero, para encarar emprendimientos estratégicos, pero estos acuerdos estarán sometidos a leyes bolivianas en caso de arbitrajes, según el proyecto de Ley de Empresas Públicas.

La medida legal aprobada en la Cámara de Diputados hace énfasis en las controversias de sociedad a fin de no ser sometidas a tribunales extranjeros, según la explicación del presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de Diputados, Luis Alfaro.

“No podemos seguir sometiendo las controversias a organismos externos, como hacían en los gobiernos neoliberales. Ahora, por la Constitución Política del Estado y soberanía, tenemos que asumir acuerdos basados en nuestras leyes, eso es un gran avance, porque se ha demostrado en los últimos años que somos capaces de brindar seguridad jurídica”, afirmó.

A su turno, opositores y analistas económicos señalaron que este hecho puede generar cierta desconfianza en las inversiones a la hora de brindar seguridad jurídica.

El economista José Luis Evia considera complicado el hecho de que empresas extranjeras inviertan en Bolivia cuando aún no hay una ley de inversiones que garantice la seguridad jurídica.

En tanto que el diputado de la opositora Convergencia Nacional (CN) Andrés Ortega afirmó que se está destruyendo el “libre mercado” por el cual los empresarios se manejan para hacer sus negocios, lo que afectará a la salida de varias empresas del país.

En tanto que Mario Antonio Yaffar, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), dijo que el Estado debe crear las condiciones para incentivar la inversión privada, potenciar la infraestructura para la producción industrial y elevar las competencias, conocimientos y destrezas del talento humano en el país y no abrir un monopolio estatal.

Al artículo 11 de este proyecto de resolución de controversias señala que: “Las controversias que se susciten entre los socios de la empresa estatal mixta, empresa mixta y empresa estatal intergubernamental a consecuencia de la interpretación, aplicación y ejecución de decisiones, actividades y normas se solucionarán en el ámbito de la legislación boliviana, en las instancias arbitrales o jurisdiccionales del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado”.

“Las controversias que se susciten al interior y entre las empresas estatales, estatales mixtas, mixtas y estatales intergubernamentales, se sujetarán a regulaciones específicas a ser establecidas en la nueva normativa de Conciliación y Arbitraje”, señala la norma.

Asimismo establece que las partes en controversia, previamente a recurrir a los tribunales arbitrales o jurisdiccionales deberán agotar las instancias de conciliación.

INVERSIONES El proyecto de Ley de la Empresa Pública dispone cuatro tipos de firmas estatales, de carácter estratégico o social. Dos de éstas tienen la finalidad de regular las inversiones en el país estructurando mecanismos atractivos para la unión de capitales públicos y privados.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, explicó que serán las empresas estatales y privadas las que definan los alcances de la inversión en función a sus requerimientos y emprendimientos que asuman. “Por tanto se habla de acuerdos concertados de inversión y no tiene que haber susceptibilidades de la seguridad jurídica”, agregó.

El texto establece “el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado que comprende a: las empresas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica” del Estado boliviano. La norma señala que éstas podrán tener carácter estratégico o social, y varios tipos de gobernanzas, dependiendo de su estructura societaria.

La empresa será estratégica cuando desarrolle su actividad económica en los rubros de hidrocarburos, minería, energía, transporte, telecomunicaciones y otros con el fin de producir excedentes económicos para potenciar el desarrollo económico productivo y financiar la atención de políticas sociales.

Apuntes.

Objetivo de la norma

La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado que comprende a las empresas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales para contribuir a la transformación de la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica de Bolivia.

Estrategias

Se constituye el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (COSEEP) como máxima instancia de definición de políticas, estrategias y lineamientos generales para la gestión empresarial pública.

Requisitos

Las empresas públicas o privadas extranjeras que deseen conformar una empresa estatal mixta o una empresa mixta, deberán habilitarse en el registro de comercio, cumpliendo las condiciones y procedimientos que se establezcan mediante normas reglamentarias.

Cuatro entidades públicas

La medida legal aprobada esta semana define cuatro tipologías para las empresas públicas con especificaciones de acciones y alcances.

La Empresa Estatal (EE), cuyo patrimonio pertenece en un 100 por ciento al nivel central del Estado.

La Empresa Estatal Mixta (EEM), cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado mayores al 70 por ciento y menores al 100 por ciento , y aportes privados de origen interno o de empresas públicas o privadas extranjeras; en este tipo de empresas podrán participar como otro socio las entidades territoriales autónomas (ETA).

La Empresa Mixta (EM), cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado desde el 51 por ciento y hasta el 70 por ciento , y aportes privados de origen interno y de empresas públicas o privadas extranjeras. En este tipo de firmas podrán participar como otro socio las ETA.

La Empresa Estatal Intergubernamental (EEI), cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado desde el 51 por ciento y menores al 100 por ciento y aportes de las ETA.

Analista y opositores advierten sobre el riesgo de monopolio de compañías estatales

El proyecto de Ley de Empresas Públicas perfila disposiciones que van en contra del libre mercado, creando monopolios en las empresas estatales que pueden perjudicar a las inversiones, advierten opositores y un analista.

De su parte, el oficialismo explicó que si bien van a existir empresas mixtas, el Estado será el mayor accionista y, por tanto, contribuirá al desarrollo del país.

El presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de Diputados, Luis Alfaro, dijo que el Gobierno en los últimos años ha garantizado la seguridad jurídica para las inversiones.

El diputado de la opositora CN Andrés Ortega advirtió que el problema de las empresas estatales en general es que tienen carácter político, razón por la que esta ley empezará a destruir el aparato productivo del país, sobre todo del sector privado.

Dijo que si bien las empresas estatales generarán empleos, observó que serán “empleos falsos”.

Argumentó que esta medida se está sobreponiendo al Código de Comercio, porque desde el punto de vista económico es una propuesta estrictamente socialista “que pretende quitarle al empresario privado de cualquier compañía, ya sea pequeña o grande, inclusive a los comerciantes minoristas, la competitividad, las opciones de crecimiento y desarrollo del aparato productivo”.

En tanto que el Economista Marcelo Romero considera que esta ley está generando un modelo monopólico a favor del Estado.

“Es en cierta manera un modelo de empresas que se perfilan al socialismo porque pierde una de las cosas más importantes que es la propiedad privada y la competitividad y, por lo tanto, carece de la posibilidad matemática de poner el precio a las cosas”, manifestó Romero.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Antonio Yaffar, advirtió que esta medida legal potencia en gran medida a las empresas públicas en detrimento de las privadas.

“Sin duda esta ley no fomenta la inversión privada”, agregó.

Industrias públicas gastan el 44 por ciento del Presupuesto General

Las empresas públicas son las que prevén un gasto del 44 por ciento del total del Presupuesto General del Estado (PGE), aunque también está proyectado que generen el 50 por ciento del programado para este 2014.

El PGE 2014 establece que el presupuesto consolidado será de Bs 195.409 millones para 2014. De esta cantidad, Bs 97.612 millones (50 por ciento ) corresponden a los recursos generados por las empresas públicas y Bs 85.624 millones (44 por ciento ) representan los gastos que tienen éstas.

El ministro Luis Arce explicó que las empresas públicas generan ingresos, y que la única que tuvo problemas fue Papelbol.

“Lo hemos admitido públicamente que ha sido el tema de Papelbol, es la única oveja negra de nuestras empresas públicas, que felizmente, y luego de los impulsos que estamos dando, esta empresa ya está empezando a mostrar cifras azules”, explicó.

Actualmente esta empresa se encuentra en el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) y cuando ya esté lista comenzará a operar con las otras.

Entre los años 1985 y 2005, los gobiernos de turno privatizaron las empresas públicas y solo tenían entidades a punto de desaparecer como YPFB Residual o Comibol Residual.

La administración central es la segunda instancia que genera más ingresos para el PGE 2014 por las recaudaciones impositivas, y luego las transfiere.

De acuerdo al PGE, los gobiernos departamentales solo generan el 2,6 por ciento de los ingresos presupuestados en el proyecto de Ley PGE 2014. Sin embargo, se apropian del 5,8 por ciento de los ingresos del presupuesto.

En el caso de los gobiernos municipales solo generan el 4,4 por ciento del presupuesto consolidado inscrito en el PGE 2014 y se llevarán el 10 por ciento del gasto asignado.

En cambio, el financiamiento del crédito externo en el PGE consolidado para la siguiente gestión, apenas será del 7 por ciento .