Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 20 de abril de 2024
  • Actualizado 00:00

La última marcha minera

La última marcha minera

“Bolivia se nos muere” fue la célebre frase, que pronunciaba un 29 de agosto de 1985 el presidente de Bolivia Víctor Paz Estenssoro, al promulgar el Decreto Supremo Nº 21060, que daba inicio al oscurantismo laboral en Bolivia, con la denominada “relocalización”, el “libre despido” y la “libre contratación”, figuras jurídicas ajenas al derecho del trabajo.

Un año después, el movimiento minero asalariado y sindicalizado, emprendió la última y masiva movilización minera: “La Marcha por la Vida”; que fue detenida para siempre a 60 kilómetros de La Paz en la localidad de Calamarca, cercada militarmente, hostigada por la fuerza aérea, a la que los  mineros resistieron momentáneamente. Esta marcha histórica pretendían evitar el “retiro voluntario” o “relocalización”; las principales minas de Catavi, Siglo XX, Matilde, Corocoro y otras ya habían paralizado sus operaciones y se preveía la misma suerte para el resto de las minas estatales.

El Gobierno llenaba los titulares de la prensa, desprestigiando la gran marcha minera como un acto de subversión de extrema izquierda; por su lado, la Iglesia convocaba al diálogo. En Oruro y Potosí, el Gobierno desplazó militares, registrándose enfrentamientos, entre tanto preparaba el estado de sitio, que fue concretado con el cerco a la población de Calamarca por unidades militares fuertemente armadas, con camiones marca caimán y tanquetas del Ejército para evitar el avance de la última marcha minera. Por otro lado, la prensa daba cuenta de más de 260 detenidos en todo el país tras la medida de excepción.

Los líderes sindicales se declaran en la clandestinidad. Capitula la marcha dando origen a la mayor masacre blanca con la llamada “relocalización”; un trabajador minero de Catavi profetizaba: “podrán despedirnos, pero estarán sembrando semilla de guerrilleros”. Así culminaba el proteccionismo laboral, iniciando una fase negra del derecho al trabajo en Bolivia, que a hoy, siguen vigentes los resabios del Decreto Supremo Nº 21060, especialmente en la administración pública, con las diversas modalidades de contratación como son los consultores en línea, las sucesivas contrataciones a plazo y el libre despido encubiertas en estas modalidades fraudulentas.